El Tribunal Contencioso Administrativo condenó ayer al Estado y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) al pago de ¢175 millones por daños morales a ocho hijos de una pareja que murió en diferentes atropellos hace cinco años.
Los padres de los demandantes, Cecilia Corrales y Julio Castillo, perdieron la vida en dos atropellos en el 2006 en el tramo de 9 kilómetros que comunica a San Isidro de El General con la estación de Riteve en Palmares de Pérez Zeledón.
En el caso de Corrales, fue atropellada en febrero del 2006, y su esposo falleció en las mismas circunstancias a 400 metros de donde murió su pareja, en octubre de ese año.
Además, los juristas ordenaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Conavi y al Estado construir un puente peatonal al frente del centro comercial Plaza Monte General, sector donde ocurrieron los accidentes en el 2006. Esta estructura debe estar lista en un plazo de 18 meses.
El Tribunal también consideró que el MOPT y el Conavi no realizaron los estudios de población para brindar la seguridad a los vecinos.
Grace Loaiza, jueza a cargo del caso, señaló que cuando el MOPT hizo la ampliación del trayecto de dos a cinco carriles, no colocó semáforos, iluminación ni pasos que salvaguardaran la vida de los vecinos de barrio Los Ángeles.
“Esta conducta ilegítima acarrea una responsabilidad del Estado”, explicó Loaiza.
Los demandados (el Estado y el Conavi) presentaron como prueba la instalación de cinco semáforos, a lo largo del tramo cuestionado, en mayo del 2006. Consideran que la muerte de Castillo, en octubre del mismo año, pudo prevenirse.
Los jueces rechazaron la prueba porque estimaron que los semáforos no fueron instalados cerca de la zona donde ocurrieron los accidentes de tránsito.
El sector que se ubica al frente del centro comercial Monte General no cuenta con aparatos luminosos, y, según las pruebas analizadas por el Tribunal, ese lugar es transitado por 1.800 personas de lunes a viernes y los fines de semana lo recorren unas 3.800.
Los dos semáforos más cercanos están ubicados uno a 1,4 kilómetros y el otro casi a 3 kilómetros de distancia.
Los juristas tomaron en cuenta que ninguno de los sistemas luminosos facilitaba el acceso para que Castillo llegara al sitio a donde le interesaba dirigirse.
“Don Julio debía caminar mínimo casi tres kilómetros y máximo seis, dependiendo del semáforo que eligiera, lo que no facilitaba el acceso”, leyó Loaiza.
Jorge Castillo, hijo de los fallecidos, manifestó su satisfacción y señaló que lo que más le satisface es la orden de construir el puente.