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El Tribunal Penal de Desamparados leyó ayer la sentencia al imputado, Jorge Angelini Méndez, y lo declaró culpable de dos homicidios. | PABLO MONTIEL (Pablo Montiel)
El Tribunal Penal de Desamparados condenó ayer a 30 años de prisión a Jorge Ángelo Angelini Méndez, de 20 años, por dos delitos de homicidio simple.
Las juezas Martha Rosa Sequeira, Ana Patricia Mora y Mauren Sancho lo sentenciaron por haber matado a los hermanos Minor y José Alberto Barquero Zúñiga en una cancha de futbol 5, en San Jerónimo de Desamparados, San José, el 22 de marzo del 2010.
El Tribunal determinó también que Angelini deberá descontar ocho meses de cárcel por un delito de portación ilegal de arma.
Jenny Méndez, madre de Angelini, expresó: “Respeto pero no comparto la decisión de las juezas. La vamos a apelar. Esta situación nos ha afectado a todos”.
Luego de la lectura del fallo, quien fue cónyuge de José Alberto Barquero, dijo: “Dios es grande y da la cara por nosotros. Ellos aún nos hacen falta, más por la pérdida de mi esposo. Mis hijos están muy afectados”.
Pruebas. La jueza Sequeira manifestó que la prueba testimonial fue suficiente para involucrar al imputado en el crimen.
Según explicó, durante el juego hubo un roce entre Angelini y uno de los sobrinos de los Barquero, por lo que Angelini abandonó la cancha en el primer tiempo.
En el segundo tiempo hubo otro incidente y los jugadores terminaron a golpes. “Esto fue suficiente para que Angelini reaccionara como lo hizo”, agregó.
La fiscala Ivannia Delgado había explicado en las conclusiones que Angelini disparó a las paredes con un arma de fuego, por lo que Minor Barquero intervino para calmarlo, pero recibió balazos en el rostro, la espalda y el tórax.
Su hermano José Alberto se abalanzó sobre Angelini, con quien forcejeó, por lo que terminó herido de bala en el tórax.
Las juristas determinaron que no existía ningún elemento para restar valor a las pruebas periciales y testimoniales, como quiso hacerlo la defensa.
Además, ordenaron a Angelini y a Puro Futbol Profesional S. A., dueña de la cancha, el pago solidario de ¢34 millones por daño patrimonial, y ¢30 millones por daño moral. La prisión preventiva se prorrogó seis meses.
