El Tribunal de Casación Penal de Goicoechea confirmó la orden de extradición de un ruso preso en nuestro país, quien querelló por supuestas injurias, calumnias y difamación al ministro de Seguridad, Mario Zamora.
La resolución judicial, del 10 de abril, señala que hay elementos suficientes para enviar al ingeniero Evengy Konstantinovich Otto a Rusia, donde le atribuyen la supuesta responsabilidad por el delito de estafa agravada por malversación de activos de empresas donde era gerente.
Contra este extranjero, de 55 años de edad, pesa una orden de captura girada por la Policía Internacional (Interpol) desde el 11 de julio del 2008.
El Tribunal Penal de Hatillo había resuelto, desde el 11 de noviembre del 2011, extraditar a Konstantinovich y ponerlo a la orden de las autoridades rusas para sacarlo de nuestro país.
Sin embargo, los defensores del foráneo apelaron esa decisión y este proceso frenó la extradición. La semana pasada, los jueces Alfredo Chirino Sánchez, José Luis Arce Víquez y Sandra Zúñiga Morales decidieron rechazar el recurso.
Refugio pendiente. Si bien la Dirección de Migración y Extranjería había rechazado el refugio al ruso, actualmente está pendiente un proceso contencioso administrativo en el que se impugnó el acto administrativo final que denegó el beneficio al foráneo.
En la apelación, la defensa de Konstantinovich señaló que los tribunales no podían resolver el proceso de extradición hasta que el contencioso administrativo no concluyera.
Sin embargo, el Tribunal de Casación determinó que ese proceso no tiene incidencia en el trámite de la apelación ni afecta la vigencia de la resolución que ordenó la extradición.
El pasado 5 de marzo, la Corte Plena acordó pedir a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad al ministro Zamora para que enfrente un denuncia por injurias, calumnias y difamación interpuesta por el ruso.
Los altos jueces tomaron la decisión tras conocer un informe sobre el caso que presentó el magistrado Jesús Ramírez.
Ahora, corresponde al Congreso determinar si levanta la inmunidad para que el jerarca enfrente la querella de carácter privada.