EscucharSan José (Redacción). El empresario iraní Nader Yazdani, hijo de Hojabar Yazdani, fue absuelto de los delitos de estafa y libramiento de cheques sin fondo por el Tribunal Penal de San José.
Según confirmó Ovidio Pachecho, abogado del iraní, los jueces leyeron a las 8:30 a. m. la parte dispositiva y definieron para el próximo viernes la lectura completa de la sentencia, en la que darán a conocer el fundamento de su decisión.
Yazdani quedaría hoy en libertad de la cárcel de San Sebastián, donde estuvo recluído desde noviembre del año pasado. Pacheco aseguró que su cliente irá a almorzar comida persa luego de su salida.
“El Tribunal declaró sin lugar todas las acciones penales y civiles, y condenaron a los actores civiles a pagar las costas procesales”, comentó el abogado.
Pachecho consideró que los jueces habrían absuelto a Yazdani por certeza y no por duda.
“Hubo errores del Ministerio Público, me parece que se precipitó a hacer una acusación. Se acusaron hechos y conductas que estaban mal tipificadas. Yazdani no tenía dominio del hecho, si no su padre, y acusaron a la persona equivocada”, añadió.
El juicio a Yazdani inició el 2 de marzo por supuestas estafas contra cientos de personas tras 15 años de investigación.
La acusación del fiscal incluía a 90 personas afectadas. La deuda por los cheques girados suma $1,4 millones (unos ¢700 millones), por lo que pidieron 310 años de prisión contra el iraní.
Ovidio Pacheco, abogado del iraní, dijo que eso ya se pagó a los acreedores con cosechas de café, ganado y propiedades (como fincas y edificios).
El iraní fue detenido el 24 de noviembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cuando llegó procedente de EE. UU., pues era buscado por las autoridades desde 1995.
En ese momento, Yazdani regresaba al país por consejo de un abogado, quien creía que las causas habían prescrito. El Tribunal rechazó las excepciones de prescripción.
La Fiscalía Especializada en Fraudes lo investigó por los presuntos delitos de libramiento de cheques sin fondos y estafas.
Según la acusación del Ministerio Público, se cometían delitos por medio de la financiera Biesa Corporación S. A., la cual era una empresa familiar.
En aquel entonces unos 7.242 inversionistas se vieron afectados, pues, según las investigaciones judiciales, Biesa captaba, supuestamente, dinero de las personas a cambio de intereses altos y cuando vencían los certificados giraba cheques sin fondos.
El negocio familiar, que operaba en San José, se declaró en quiebra en 1998.
