El Tribunal de Hacienda dictó ayer una medida cautelar contra el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, para que no interfiera en el normal desarrollo del juicio que se le sigue en el llamado caso ICE-Alcatel.
Los jueces le atribuyeron a Rodríguez un comportamiento “obstaculizador” y le recordaron que, “de incurrir en conductas futuras de esta naturaleza”, podrían “ordenar medidas más gravosas”.
De acuerdo con la resolución judicial, Rodríguez no puede “realizar actos que de algún modo interfieran en la recepción de la prueba o el normal desarrollo del debate”.
“Esta medida cautelar tiene vigencia desde este momento que se comunica y hasta la finalización del juicio”, precisó en su exposición a las partes la presidenta del Tribunal, Rosaura García Aguilar.
La jueza fue clara en que el exmandatario “no solo se atribuyó una tarea que sabía no le correspondía, sino que lo hizo a espaldas del Tribunal”.
Rodríguez llamó la tarde del martes pasado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para expresarle su descontento por la comparecencia, mediante videoconferencia, desde esas instalaciones en Washington, de un testigo del caso. Se trataba de su exchofer personal Marco Tulio Flores, cuyo testimonio se dio finalmente en las instalaciones del Consulado de nuestro país en la capital estadounidense.
“Esta conducta por sí misma es suficiente para que el Tribunal considere que hay un peligro procesal de obstaculización de la actividad probatoria y que a futuro pueda reiterarse”, dijo la jueza antes de dictar la medida cautelar contra el expresidente.
Rodríguez reaccionó con tranquilidad y pidió la palabra al Tribunal, a las 8:25 a. m. de ayer, para anunciar que no apelaría el fallo.
“Acepto la resolución de los señores jueces que, por otra parte, todo lo que me impone es cumplir con lo que la Ley establece, lo que siempre haré, he hecho y seguiré haciendo”, declaró el imputado.
Poco después, con semblante serio, dijo a varios periodistas que lo esperaban en la sala de juicio: “Me siento muy contento y tranquilo”.
Cuando se le preguntó sobre las razones por las qué no informó al Tribunal y ni a la Fiscalía de que llamaría al secretario de la OEA, respondió: “Yo no tengo que comunicarles de mis asuntos”.
Rodríguez enfrenta una causa por corrupción agravada y cuatro por enriquecimiento ilícito.