| Fallo de Tribunal de Apelación desacredita versión de testigo clave

Tribunal: Lobo mintió en caso ICE-Alcatel para beneficiarse

Critica a Fiscalía por darle impunidad para que declarara contra terceros

Jueces estimaron que Lobo conservó $2,4 millones producto de dádivas

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El que fuera “testigo de la corona” en el escándalo ICE-Alcatel, José Antonio Lobo Solera, “mintió en algún momento para beneficiarse”, dice el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, el cual anuló la sentencia contra los ocho acusados.

El fallo integral lo dieron a conocer ayer los jueces Alfredo Chirino Sánchez, Jorge Luis Arce Víquez y Sandra Eugenia Zúñiga Morales, quienes en diciembre emitieron el “por tanto” del caso.

Lobo Solera, quien fue diputado del Partido Unidad Social Cristiana, ministro de Vivienda durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y luego directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fue el testigo clave en el juicio por el supuesto pago de comisiones de la firma Alcatel para obtener un contrato del ICE por 400.000 líneas GSM.

“Hay motivos para sospechar razonablemente de que Lobo Solera fue variando su versión a lo largo del proceso para obtener diferentes beneficios procesales (el arresto domiciliario en vez de prisión preventiva, la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado, finalmente la obtención de un principio de oportunidad).

“Es razonable sospechar que él procuró su impunidad a toda costa, incluso declarando contra terceros (especialmente contra (Miguel Ángel Rodríguez). La suya fue una declaración interesada”, consta en la resolución.

Ewald Acuña, abogado de Lobo, dijo que “el Tribunal está repitiendo el argumento de una de las partes. Creo que efectivamente lo que dijo, don José Antonio, se comprueba porque lo reconoce la misma sentencia, con la prueba documental”.

Además, justificó las diversas versiones de Lobo en que fue interrogado en ocho ocasiones antes de que culminara la pesquisa.

Antecedente. La declaración de Lobo fue considerada como fundamental para que el Tribunal de Juicio de Goicoechea sentenciara en abril del 2011 a ocho sospechosos de presuntamente recibir dádivas.

Esa condena fue anulada el 21 de diciembre pasado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, cuando se dio a conocer solo el por tanto. Hasta ayer entregaron el fallo completo. Precisamente, el presidente del Tribunal, Alfredo Chirino, renunció al cargo para dedicarse a la academia.

Contra la resolución del Tribunal cabe recurso de casación, el cual debe ser conocido por magistrados de la Sala III de la Corte.

Críticas. En el fallo del Tribunal, de 323 páginas, se critica al Ministerio Público por darle el criterio de oportunidad a Lobo “pues parece no haber logrado una prognosis acertada de la reprochabilidad que razonablemente cabía anticipar respecto a cada uno de los supuestos agentes antes de llegar a juicio”.

Asimismo, los jueces fustigaron que a Rodríguez se le indagara con base en la primera versión de Lobo, mientras que la acusación y el debate se basaron en una versión diferente y sobre la cual no se indagó al imputado.

También mencionaron que la existencia de documentos donde se corrobora que Lobo transfirió dinero a Rodríguez “no confirman necesariamente que Lobo haya dicho la verdad, porque también permitirían corroborar la defensa de Rodríguez quien explica que su causa es un préstamo personal que Lobo le hizo”.

También los jueces retomaron lo dicho por el juez Jorge Camacho en primera instancia, donde afirmó que al darse el criterio de oportunidad a Lobo, “se legitimó la tenencia de parte de Lobo de sumas millonarias en dólares de supuesta procedencia ilícita, por haber sido recibida supuestamente en concepto de dádiva”.

Para el Tribunal ese dinero debió ser objeto de comiso y que en este caso “se permitió a Lobo conservar (...) dinero y bienes (...) que el juez Camacho estima que rondan $2,4 millones”.

Al respecto, Ewald Acuña dijo que hay una valoración inexacta, pues afirmó que Lobo “devolvió la totalidad del dinero, lo que no consta en el expediente porque esa entrega se hizo directamente en la Fiscalía y esta lo puso a la orden del juzgado penal”.

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