La jueza Mónica Salas suspendió por tres meses de sus funciones, con goce de salario, a dos empleados del MOPT detenidos el miércoles por la supuesta comisión de fraudes con licencias.
Así lo decidió Salas durante la audiencia que se realizó el jueves en el Juzgado Penal de Hacienda, en San José.
Según el OIJ, estos dos funcionarios eran parte de un grupo que se dedicaba a otorgar licencias de conducir de manera irregular. En la organización también participarían cuatro guardas de seguridad privada y dos gavilanes.
La jueza Salas también les impuso a los dos funcionarios otras medidas, como firmar cada 15 días, no acercarse a testigos ni a las oficinas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en La Uruca, San José, fijar domicilio y no salir del país. Estas disposiciones también se aplican para los cuatro guardas y un gavilán de apellido Garay.
Los guardas de seguridad privada son de apellidos Soto, Grillo, Vílchez y Casanova. En el caso de los dos últimos, la jueza pidió que les cambien el lugar de trabajo.
Por su parte, otro de los gavilanes detenidos el miércoles tras el arresto masivo, de apellido Espinoza, seguirá sujeto al proceso penal, pero sin medidas.
Según la Corte, Salas optó por rechazar la petición de la Fiscalía para que se les impusieran tres meses de prisión a los sospechosos, porque la investigación está muy avanzada.
Los sospechosos fueron arrestados la mañana del miércoles en el Departamento de Licencias de Educación Vial, ubicado en La Uruca, San José, y en una oficina cercana dedicada a emitir dictámenes médicos.