Solo 30 empleados vigilan a 10.250 imputados en libertad

Solo 30 funcionarios de Adaptación Social vigilan a unas 10.250 personas que recibieron beneficios para terminar de cumplir su condena en la calle, o para no ir a juicio a cambio de reparar el daño cometido.

Cada empleado debe monitorear, en promedio, a 342 personas.

Esas 10.250 personas pertenecen al Programa de Comunidad, el cual incluye a personas a quienes un juez les dio la oportunidad de descontar la condena fuera de la prisión siempre y cuando cumplan diversos requisitos.

También alberga a personas que cometieron una contravención (falta menor) y llegaron a un acuerdo con las partes para reparar el daño y no ser enjuiciadas.

Mario Madrigal, director del programa, señaló que todas esas personas deben cumplir ciertas condiciones impuestas por un juez de ejecución de la pena.

Entre esas condiciones están el asistir a un grupo de autoayuda, trabajar, dar charlas, tener domicilio fijo y hacer horas de trabajo comunitario, entre otras.

Los funcionarios encargados de vigilar a los beneficiados deben enviar un informe anual a los jueces de ejecución, señalando cómo se ha desarrollado cada una de las personas en libertad y si ha cumplido o no con las medidas impuestas.

Según explicó Madrigal, esa supervisión se complica porque Adaptación Social solo dispone de un vehículo con chofer para que sus 14 oficinas en todo el país puedan dar seguimiento a los imputados y hacer visitas a domicilio.

En octubre del 2008, el empresario Ricardo Alem León fue nuevamente detenido por narcotráfico en momentos en que disfrutaba el beneficio de libertad condicional, el cual le fue otorgado dos años antes por una condena de 12 años de prisión por tráfico de drogas.

Hernando París, ministro de Justicia, señaló que la población en comunidad es una carga más que Adaptación Social debe atender con personal insuficiente y que, por tanto, se debe reforzar con otros recursos de la institución.

No obstante, Eugenio Polanco, director de Adaptación Social, aseguró que los 30 funcionarios asignados al programa son suficientes porque así lo reflejan los resultados del programa. Aún así, valora la posibilidad de contar con más personal.

Mitad de condena Actualmente, 750 personas están en libertad condicional por orden de un juez, tras cumplir media pena en prisión y tener un dictamen afirmativo del Instituto Nacional de Criminología.

La mayoría de los beneficiados con libertad condicional son hombres (88 por ciento). Todos deben cumplir con las medidas fijadas por el juez y no cometer nuevos delitos para mantenerse en libertad.

En lo que va del año, 36 personas incumplieron con alguna de esas condiciones, por lo que su libertad se restringió y fueron devueltas a prisión.

De las 1.263 personas que se encuentran en el régimen semiinstitucional o de confianza (5,4% de la población penitenciaria), 46 regresaron a prisión este año por incumplir medidas o volver a delinquir.

Así sucedió, por ejemplo, con Saúl Campos Arce.

Este hombre fue condenado en agosto de 1997 a 57 años de prisión por matar, junto con otras personas, a su esposa Dunia Domínguez Montenegro en 1994.

Tras cumplir la mitad de la pena y debido a su buen comportamiento, Campos obtuvo en junio del 2009 el beneficio de dormir solo dos noches en la prisión ( régimen de confianza).

Sin embargo, en enero del 2011 fue nuevamente detenido por un fraude con tarjetas.

Aunque las autoridades de Adaptación Social intentaron revocarle el régimen de confianza, un juez de ejecución de la pena autorizó que Campos continuará libre con la condición de dormir solo los fines de semana en la cárcel. Por el nuevo caso no ha sido enjuiciado.