Senasa juzgará por primera vez a dueños de perros de pelea

Un falso veterinario que hacía cortes de orejas a perros o les inyectaba esteroides para prepararlos para pelear, otro que administraba un ring donde se llevaban a cabo los combates entre los animales y uno más que importaba caninos “diseñados” para peleas.

Ellos tres serán los primeros dueños de perros de pelea en ser juzgados por maltrato animal.

El Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador, del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), será el ente encargado de dictar las resoluciones.

Los primeros dos casos se remontan al pasado 3 de julio, cuando funcionarios de Senasa, junto con oficiales de la Fuerza Pública, realizaron un operativo para decomisar algunos de estos animales.

El falso veterinario, de apellido Reyes, tenía una clínica clandestina en Colonia Kennedy de San Sebastián, San José, en la que preparaba a los caninos.

A él la Policía también le decomisó un perro de la raza american staffordshire terrier, llamado Sadam, el cual era conocido como uno de los principales verdugos en las peleas.

“Este señor se va a presentar ante el Tribunal por maltrato animal y por tener una clínica clandestina. La denuncia por el ejercicio ilegal de la profesión se la enviamos al Colegio de Médicos Veterinarios para que ellos lo lleven a la vía judicial”, explicó ayer el director metropolitano de Senasa, Allan Sánchez.

El mismo día de ese operativo, los funcionarios decomisaron, en Calle Fallas de Desamparados, otro canino, llamado Motaro, que era utilizado en violentos encuentros, según dijeron los expertos.

Su dueño es un hombre de apellido Montero, quien, además, administraba un local para realizar peleas.

El otro sujeto que será llevado ante el Tribunal es un hombre de apellido Dimas, a quien Senasa le decomisó 23 perros de un criadero clandestino en Alajuelita. Entre los animales había razas importadas que están genéticamente “diseñados” para pelear.

Sanciones. Sánchez explicó que, de acuerdo con la legislación, el Tribunal podría sancionar por esas faltas con una multa de entre siete y 50 salarios base de un profesional con título de licenciatura.

Indicó que, con las pruebas recabadas, la Dirección Metropolitana envió los casos al área de asesoría jurídica para que ese órgano los traslade al Tribunal. Por ello, no están definidas todavía las fechas de las audiencias.

El funcionario añadió que también enviarán a juicio el caso de una mujer que tenía una fábrica clandestina de embutidos en condiciones insalubres, y al dueño de una venta de mascotas que mantenía a los animales en estado de hacinamiento y suciedad.

Colaboró Fernando Gutiérrez.