Para los magistrados constitucionalistas hubo una violación a la libertad personal de la amparada y se violaron los principios de proporcionalidad y debido proceso. Además recibió un trato denigrante en el momento de la detención.
El Estado fue condenado al pago de las costas, daños y perjuicios causados y se ordenó comunicar a la Inspección Fiscal para que realice una investigación de los hechos denunciados.
El recurso fue presentado a favor de una defensora pública Chiny Orozco, quien fue detenida por orden de la fiscalía el pasado 24 de junio, a las afueras de la salas de juicio de Siquirres, supuestamente por presentar un testigo falso, hecho que no fue probado en el juicio.
El hábeas corpus fue resuelto por sentencia 2010-13438 de las 08:31 a. m. de hoy 13 de agosto de 2010, informó la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia.