La Sala Constitucional condenó al Estado al pago de daños y perjuicios en favor de un presidiario que permaneció sin medicación y sin recibir atención psicológica, pese a sus problemas mentales.
El recurso de amparo lo presentó la madre del detenido, una vecina de San Joaquín de Flores, Heredia, de apellido Espinoza.
En el escrito, presentado contra el centro de atención institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, en San Rafael de Alajuela, la quejosa aseguró que su hijo (apellidado Aragón, de 19 años) se vio involucrado en el robo de una grabadora, producto de su afección mental.
Tres semanas atrás, el Tribunal de Flagrancia le impuso al hombre tres años y cuatro meses de cárcel por ese hecho.
“Fue ubicado en el centro de atención institucional recurrido desde hace 22 días, en donde se encuentra sin su medicación y sin atención psicológica, y ha sido sometido por otros privados de libertad a tratos que atentan contra su dignidad humana, su integridad física y su vida”, detalla la queja.
Los magistrados le dieron la razón a la señora. Ayer no fue posible localizarla.