Dos funcionarios de la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública supuestamente cobraban hasta ¢35.000 para registrar agentes privados de diferentes empresas que brindaban servicios de seguridad, sin tener los requisitos.
Así lo detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), después de capturar ayer en la mañana a los funcionarios, de apellidos Monge y Hernández, en su oficina en Sabana Sur, San José.
En algunas ocasiones, la inscripción se realizó incluso sin que los aspirantes tuvieran el permiso de portación de armas al día, informó el OIJ.
El Ministerio Público ahora investiga a los sospechosos por los delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
Los agentes de la Sección de Fraudes y Estafas del OIJ además detuvieron también a dos “gavilanes”, de apellidos Murillo y Altamirano, vinculados al caso.
La Fiscalía decomisó documentación y evidencia importante para la pesquisa con el fin de determinar la cantidad de personas que pueden estar registradas como guardas de seguridad privada sin disponer de los documentos correspondientes que los acrediten como tales.