Dagoberto Garcia Araya (43) de Palmares permanece preso en el centro penitenciario La Reforma por una demanda de pension. A los privados no se les permite trabajar por lo que es imposible que se pongan al dia con la deuda de la pension. 10 de febrero del 2011, 11 am. (albert marin)
Dagoberto García está en la cárcel La Reforma, en Alajuela, por no pagar ¢70.000 mensuales de la pensión alimentaria que solicitó la madre de su hija de 11 años.
Como él, 200 reos (entre ellos, cinco mujeres) se mantienen en la cárcel por incumplir con el pago de la deuda alimentaria.
El proyecto “Ley de Promoción del Empleo para Personas Deudoras Alimentarias Desempleadas” pretende darles trabajo para que obtengan dinero y salgan de la cárcel si los contrata una empresa o institución pública.
Gilberth Dondi, juez de pensiones alimentarias en Goicoechea, redactó este proyecto de ley. Aseguró que la prisión en estos casos es una medida amenazante.
“La cárcel no aporta ninguna solución. ¿Qué es más económico y efectivo, perseguir y encarcelar a los deudores por pensión o cambiar cárcel por trabajo?”, señaló.
Según datos del Poder Judicial, al 30 de setiembre pasado, en promedio, 372 personas solicitaron pensión alimentaria por día.
“Si pudiera trabajar desde aquí dentro, podría pagar. Es injusto no tener la oportunidad; sería más fácil”, añadió.
El proyecto de Dondi fue presentado a la corriente legislativa por el diputado Óscar Alfaro. El plan señala que el Estado tiene el deber de promover empleo y procurar la contratación laboral de los reos deudores de pensión.
Ana Carcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina), dijo que un hombre que no paga la pensión se convierte en un agresor.
“Es una ficción pensar que no pueden pagar porque no tienen plata. El proyecto trata de encubrir el problema de fondo. Es una acción afirmativa para consentir a los agresores”, añadió.
Sin embargo, Dondi calificó de “anticuada” la medida de prisión para quienes no pagan pensión, pues tiene 143 años de vigencia.
La Dirección General de Adaptación Social deberá crear un perfil laboral de los reos para que las empresas puedan conocer si ellos se adaptan al puesto que buscan.
Asimismo, se promueve que el Estado, por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje, capacite a los presidiarios para que obtengan un oficio.
Una vez que son escogidos, el texto señala que la misma Dirección deberá “lograr una efectiva rehabilitación de la persona”.
Cuando el reo es contratado, el juez ordena su libertad y quita la orden de apremio. Del salario mensual, el juez ordenará deducir hasta un 75 por ciento como máximo para cubrir el monto de la obligación.