EscucharComo parte de las medidas para salvar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, asociaciones de empleados lograron llegar a un consenso con el Consejo Superior: la pensión máxima debe ser de ¢4,2 millones.
Con esa idea, ambas partes pretenden llenar un vacío legal que dejó una resolución emitida por la Sala IV en enero del 2010, la cual eliminó el límite al monto de las jubilaciones.
El fallo permitió que, por ejemplo, el exjuez de casación penal Luis Alberto Víquez Arias casi triplicara su pensión tras fungir como magistrado suplente durante siete meses en la Sala III. Él se retiró en mayo del 2012 con una pensión de ¢6,1 millones, pese a que como juez de casación ganaba ¢2,3 millones mensuales.
La necesidad de fijar un nuevo tope fue señalada el año pasado por la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc., contratada por la Corte Suprema de Justicia. Esa consultora apuntó que algunos privilegios que tienen los funcionarios ponen en riesgo la sostenibilidad del Fondo.
Carlos Montero, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprodjud) y miembro de la Coordinadora de Organizaciones de Servidoras y Servidores Judiciales, explicó que, tras varias reuniones, se llegó a ese acuerdo con el entonces presidente del Consejo Superior, Luis Paulino Mora.
“Cuando la Sala IV declaró ilegal el artículo que establecía el tope fue porque este hacía una comparación con el salario de los diputados; entonces la Sala dijo que eran regímenes distintos y que la referencia tenía que ser interna”, señaló.
Montero dijo que primero se propuso tener como base el salario de un juez cinco.
“Ese es el máximo puesto haciendo carrera, pero el departamento de personal decía que era difícil porque el salario tiene varios componentes, como reconocer grados académicos; entonces, que cuál salario de juez cinco se tomaba como referencia”.
Según Montero, el área sugirió que el tope fuese el equivalente a 12 salarios de un asistente administrativo 1, que es el puesto de menor rango en la entidad. El monto ronda los ¢4,2 millones.
La idea fue avalada tanto por las organizaciones sindicales como por el Consejo Superior.
Otras medidas. Ayer, los representantes de las asociaciones llevaron a Corte Plena otras medidas sobre las que no habían logrado acuerdos con el Consejo Superior.
Entre ellas, se planteó que el monto de la jubilación sea el promedio de los 120 meses (10 años) laborados, y no de los últimos 24 meses (dos años), como ocurre actualmente. La propuesta del Consejo es que sea de los 180 meses anteriores (15 años).
Ahora, la Corte Plena deberá analizar esa y otras ideas, y definir el proyecto de reforma legal que enviará al Congreso.
