Plan busca suavizar pena para mujeres por llevar droga a cárcel

Una mujer de 26 años, soltera, con tres hijos menores y vecina de Limón fue detenida en febrero pasado cuando en la entrada a la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, se asustó y entregó unos puchos de marihuana.

La implicada, quien es jefa de hogar, apenas terminó la escuela. En el momento del hecho tenía cinco meses de embarazo.

Cuando una defensora pública la entrevistó , dijo que la droga era para un desconocido. Le dieron dinero (no reveló el monto, pero reciben entre ¢20.000 y ¢30.000) por el servicio. Alegó que lo hizo por necesidad y que el viaje fue en bus y a escondidas de su familia.

Ahora está libre, con medidas cautelares. El caso se tramita en Alajuela. Ella ya fue acusada y va para audiencia preliminar.

Esta mujer se expone a un castigo mínimo de ocho años de prisión, si decide ir a juicio, o a cinco años y cuatro meses, en caso de acogerse a un proceso abreviado.

Modificación. Esa pena, fijada en el artículo 77, inciso b, de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, rige desde el 2001 y ahora se pretende suavizarla.

La modificación la analiza una subcomisión mixta legislativa –en la que hay representantes de diversas entidades del Estado– la cual aclaró que la reducción de la pena es solo para las mujeres que lleven droga a una cárcel.

El plan fue elaborado por la fiscala Floribeth Rodríguez Picado –con apoyo del exfiscal general Francisco Dall’Anese– y acogido por el diputado Justo Orozco, de Renovación Costarricense.

El grupo mixto toma como base de análisis las conclusiones reveladas en la tesis con la cual la fiscala Floribeth Rodríguez obtuvo en el 2009 una maestría en Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas.

Rodríguez, quien analizó 143 expedientes de mujeres condenadas entre el 2005 y el 2008 por introducir drogas a La Reforma y, además, entrevistó a 75 sentenciadas en el 2009 por ese ilícito, determinó que la mayoría tenía edades entre 18 y 40 años, eran madres, carecían de antecedentes judiciales y habían abandonaron los estudios.

Además, marcó como hecho relevante que el 75% (56 de las entrevistadas) cometió el delito por una necesidad económica y 13 lo perpetraron por amenazas recibidas de sus parejas.

Respaldo. La jefa de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, quien respalda el cambio, manifestó que la pena actual es desproporcionada pues castiga con ocho años de cárcel a mujeres por intentar meter pequeñas cantidades de droga a un centro carcelario, una sanción igual a la que se impone a personas dedicadas al tráfico internacional de drogas.

“No hay proporción ni la ley permite a los jueces valorar atenuantes. Muchas de ellas están aterrorizadas, no quieren ni hablar con el defensor.

”Son historias que se repiten. Cometen el delito por presiones y necesidades”, dijo Muñoz.

El Ministerio de Justicia informó de que hay 419 mujeres presas por intentar meter drogas a una cárcel y, según el Poder Judicial, por semana se condenan dos mujeres por esta clase de delitos.