Plan faculta a Estado a suspender uso de armas

La disposición se encuentra en el artículo 3 de la reforma a la Ley de Armas y Explosivos, donde también se autoriza al Estado a suspender la importación y a tener almacenados, tanto armas como dispositivos de seguridad, municiones y explosivos.

Para el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el Gobierno tiene la potestad de tomar esa decisión pues “el derecho a las armas no es un derecho de los particulares, es una prerrogativa y una concesión del Estado”.

Durante una amplia presentación ante la Comisión Legislativa, el pasado 7 de marzo, Zamora dijo que suspender el uso de armas, se podría dar en casos como el ocurrido en Limón en el 2012, por una seguidilla de asesinatos, producto de enfrentamientos entre pandillas.

“En casos similares podríamos generar un decreto de suspensión de tenencia de armas, (...) igual bajo determinadas condiciones o en épocas de fiestas cívicas (...) donde a veces se presenta un incremento en el uso de armas de fuego, para poder suspender de manera momentánea y aleatoria bajo justificaciones técnicas los permisos dados por el Estado”, explicó el ministro.

Limitan derecho. Manfred Sasso Guardia, presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos de la Sociedad Civil (Aprodesoc), dijo que el plan pretende convertir el derecho que tienen todos los costarricenses a tener y portar armas de fuego para defender sus vidas, la de sus familias y su patrimonio, en una “mera concesión del Estado que puede cancelar cuando quiera”.

“Bajo ninguna circunstancia, los ciudadanos vamos a permitir que nos restrinjan nuestras libertades al mínimo o se nos prohíba tener armas de fuego (...) valiéndose de argumentos falaces, pretendiendo hacernos creer que prohibiendo las armas de fuego se van a eliminar los homicidios”, expresó.

Por su parte, Carlos Góngora Fuentes, diputado del Movimiento Libertario y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dijo que en la ley hay una serie de acciones, que denominó como prohibicionistas y que estarían limitando extremadamente la tenencia de armas legítimas.

“La ley es para prohibir las armas a los delincuentes y eso no lo va a cumplir este proyecto”, afirmó.

Él, añadió, espera que el Gobierno recapacite “porque este es un proyecto que técnicamente está bastante desafortunado”.

Por su parte, Álvaro Ramos Rechnitz, quien compareció ante los diputados como especialista en seguridad, manifestó que no compartía esa idea de suspender el derecho a los ciudadanos a tener arma.

“Esta no es una característica típica del Estado democrático, del Estado que respeta los derechos adquiridos. Permitir eso sería permitir que se te suspenda el derecho a la propiedad, el derecho al vehículo. Si empezamos por ese camino terminaríamos mal”, afirmó.

Para Ramón Lamboglia Castillo, presidente de la Asociación de Reservistas en Apoyo a Programas Sociales, la medida, lejos de reducir la criminalidad, la aumentará.