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Pedido de Gobierno para destruir armas tiene baja respuesta

Personas y empresas inscriben 40 armas de fuego cada día

Actualizado el 09 de octubre de 2012 a las 12:00 am

En el país hay cinco armas legales, registradas por cada 100 habitantes

Más restricciones legales favorecen mercado negro, según expertos

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“El señor me dijo: ‘¡Ojalá se vuelvan a meter a robar a mi casa para, ahora sí, matarlos!’”.

Así recordó Arturo Montealegre, gerente de la Armería Rex en San José, el caso de un cliente que llegó hace un año a comprar un revólver, calibre 38.

Según explicó, el comprador le dijo que cuatro sujetos habían ingresado a su casa para asaltarlos a él y a su familia. Por eso, decidió adquirir el arma para su defensa.

En promedio, 40 armas de fuego diarias son inscritas por ciudadanos y empresas en la Dirección General de Armamento, del Ministerio de Seguridad Pública.

Este año se han matriculado 3.523 armas nuevas para personas físicas y 3.390 para personas jurídicas, según registros de la Sección de Armas y Explosivos.

A pesar de que el número promedio de inscripciones por día descendió de 61 en el 2008 a 28 en el 2010, el año pasado los registros diarios se elevaron a 41 y, en lo que va del 2012, a 38.

En nuestro país hay 213.807 armas que circulan legalmente entre ciudadanos y personas jurídicas, incluidas las instituciones estatales, excepto el Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, hay cinco armas registradas por cada 100 habitantes.

Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, considera que esa tasa por habitante no es desproporcionada. “Corresponde más a un uso esperado, dada la percepción de inseguridad que tiene la población. La gente tiene derecho a escoger el mejor sistema de defensa posible”, afirmó.

William Hidalgo, director de Armamento, manifestó que en los últimos dos años el Gobierno ha invitado a los dueños registrales de armas para que las destruyan voluntariamente.

Sin embargo, la respuesta ha sido baja. De junio del 2010 a la fecha, solo 56 armas de fuego fueron entregadas por sus propietarios a la Dirección de Armamento para que las eliminaran.

Hidalgo recalcó que, con solo un arma que se destruya, hay ganancia. “Si un arma de estas cae en manos de delincuentes, puede durar años hasta que sea decomisada. Quisiéramos tener más personas solicitando destrucciones de armas que pueden ocasionar un peligro para sus hijos”, aseveró.

Luis Alberto Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz, manifiesta que las armas deben estar en manos de la Fuerza Pública y, excepcionalmente, en manos de personas.

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“Si el criterio (para portar armas) que se está utilizando es la inseguridad general, este es muy amplio y permisivo”, comentó.

Precisamente, el proyecto de reforma a la ley de armas limita la cantidad por persona, no permite la portación para quien tiene antecedentes policiales y fija sanciones más severas a quien porte armas ilegales, entre otros aspectos.

Peter André, de la Armería Jorge André, en San José, considera que mayores restricciones legales para matricular y portar armas aumentan el mercado negro. Por su parte, Ramos agregó que esta situación impediría a las autoridades judiciales tener un control forense sobre las armas.

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