Operativo policial en finca de Drake termina en nada

La presencia de un “grupo armado” en una finca de Osa, que implicó una importante movilización de agentes de la Fuerza Pública, de Guardacostas y del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT, cuerpo élite del OIJ) terminó en nada.

El Juzgado Penal de Osa liberó a las cinco personas detenidas el jueves anterior en una finca de Rincón de San Josecito de Drake, por considerar que no incurrieron en delito alguno, confirmaron voceros del Poder Judicial.

De esa forma, el Juzgado no dio la razón a la Fiscalía, que pidió un año de prisión preventiva en contra del grupo por usurpación, agresión con arma y violación de domicilio.

El Ministerio Público no logró acreditar que los sospechosos (cuatro guardas y una cocinera contratados por un vecino de Tuetal Norte de Alajuela) estuvieran en una propiedad privada.

De hecho, el alcalde de Osa, Alberto Cole, confirmó que el terreno pertenece al Estado por estar en zona marítimo-terrestre.

Esa finca no ha sido dada en concesión. La madrugada del lunes antepasado, un grupo de hombres sacó por la fuerza José Ángel Gómez (alias Chango), supuesto cuidador del terreno. Fue la primera persona en hablar a las autoridades de un grupo armado. El OIJ comprobaría luego que los sujetos portaban rifles de balines.

Petición. “Es del Estado (la finca) y la administra la Municipalidad (de Osa). Es cierto que hay una solicitud de concesión, pero hace falta un plan regulador. Hasta ese momento se verá a quién se entrega.

“A todas las personas que se han establecido ahí les hemos notificado que se encuentran ilegales. No hemos permitido que se construya nada”, indicó Cole.

El Alcalde confirmó que el 8 de setiembre del 2009 la Asociación de Hogares de Restauración Humanitaria Marvic solicitó que la finca le fuera entregada en concesión.

Rafael Ángel Solano Vargas se presentó ante el ayuntamiento como representante legal. Solano fue, precisamente, la persona que envió a un grupo de guardas a desalojar el terreno en el que se afincaron dos costarricenses: Chango y un hombre de apellido Brenes.

“Esas personas son precaristas; se metieron a la propiedad. Lo que hice fue contratar un servicio de seguridad para decirles que tenían que desocuparla.

“Tuvimos que comprar dos rifles de copas (balines), dos gorritas y dos camisetas que decían seguridad. En el 2007 mandé una queja a la Municipalidad. No quiero que siga esto. Yo mismo le dije al OIJ que estaban exagerando”, alegó Solano.

El hombre insistió en que el terreno es privado y que esa condición le daba el derecho de velar por la finca.

“La misma gente (del pueblo) exageró y admito que eso confundió a las autoridades. Nosotros fuimos en el 2003 con un juez de Osa e hicimos un acta de posesión del terreno”, puntualizó Solano.

El alcalde Cole dijo que la Asociación tiene derecho de uso de una finca aledaña, no del terreno frente a la playa.

El manejo del caso ocasionó roces entre el OIJ y la Fiscalía pues el jerarca de esta última, Jorge Chavarría, consideró que no se actuó con la prontitud deseada.

Operativo. El domingo, el director del OIJ, Jorge Rojas, dijo que el atraso en el ingreso al terreno se debió a que la Fiscalía tramitó una orden de allanamiento.

“Estábamos acatando la dirección funcional (la Fiscalía), que gestionó un allanamiento para esa zona, que efectivamente no se necesitaba. Esto nos obligó a llevarnos horas esperando”, indicó.

El fiscal Chavarría arremetió ayer otra vez contra el procedimiento seguido.

“Esto no tenía nada que ver con la dirección funcional, sino con táctica policial; la respuesta era más policial que jurídica.

“Creo que quizá la respuesta no le correspondía al OIJ, sino a otra instancia, como la Fuerza Pública. Independientemente del resultado, hay que tomar conciencia de que se hablaba de un grupo armado en una propiedad. Era un asunto al que no se le podía dar largas”, consideró .