La observación la hizo al inaugurar una reunión con representantes de los países latinoamericanos sobre prevención que se desarrolló en Nayarit, estado de la costa del Pacífico mexicano.
“Los gobiernos locales deben tomar decisiones sobre sus prioridades, pero debe existir una voz popular que demande que dentro de esas prioridades se incluya el riesgo de desastres. En América Latina tenemos ejemplos positivos de comunidades que trabajan con su gobierno local, pero todavía falta mucho por mejorar”, dijo la funcionaria.
Citó por ejemplo el caso del terremoto y posterior
“Uno oye a las víctimas decir que estaban bien educadas sobre qué hacer, pero como en 10 años no pasó nada, las alertas se bajaron y algunos descuidaron su seguridad individual. Debe trabajarse más en cuáles son los riesgos inminentes que hay que prevenir para ser más seguros”.
Consultada sobre si los Gobiernos destinan suficientes recursos para la prevención, manifestó que, para la ONU, antes de ejecutarse una obra, cualquiera que sea, debe pensarse en las posibles afectaciones.
Afirmó que eso debe aplicarse siempre: sea para la construcción de una vivienda o de una escuela, o cuando se desarrolla un proyecto agrícola.
“La escuela debe construirse en un lugar seguro, donde no será afectada por inundaciones o deslizamientos. Muchas veces no es la falta de recursos, sino cómo se los utiliza. Debe existir esa actitud de previsión”, advirtió.
Rosales añadió que ese interés lo demuestran los ayuntamientos que afrontan con mayor frecuencia el impacto de eventos.
“Por ejemplo, es palpable el compromiso de las municipalidades del Caribe, Parrita, Aserrí, la zona de Los Santos, entre otras, en la búsqueda de asesoría y trabajo conjunto con la CNE para disminuir el riesgo por inundación o por deslizamientos mediante la construcción de obras de mitigación y de reconstrucción sin reproducir vulnerabilidad, y mediante las inspecciones en zonas de riesgo”, mencionó Rosales.