El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, solicitó ayer a los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, subir las penas por la tenencia ilegal de armas en viviendas.
Precisó que la ley actual establece una sanción de uno a tres meses de trabajo de utilidad pública, cuando la condena debería ser privación de libertad.
El lunes, en La Perla de Siquirres, Limón, un niño de 7 años sufrió una herida de bala en la cabeza que lo tiene al borde de la muerte, luego de tomar un arma permitida que no está inscrita, y accionarla. El arma pertenece a su padrastro.
Rojas señaló que también se debe elevar la sanción para quienes porten armas permitidas, pero sin permiso. La ley actual impone prisión de seis meses a tres años.
Otra sugerencia que hizo el jerarca de la Policía Judicial es que no se otorgue permiso para portar armas a los condenados por cualquier delito. La ley ahora solo lo deniega a quienes tengan antecedentes relacionados con el uso de armas o queden inhabilitados por una resolución judicial.
“En ocasiones nos hemos encontrado a condenados por narcotráfico o violación, por ejemplo, con permisos para portar armas. Eso no puede ser”, manifestó.
Rojas afirmó que otra situación es regular los permisos para la portación de armas a extranjeros.
Explicó que debe restringirse solo a los foráneos que tengan la residencia, pues la legislación actual no impone limitaciones.
El director del OIJ dijo que estas iniciativas surgen por los hechos violentos ocurridos recientemente, y que tal vez, con una ley más severa, se habrían evitado.