Francisco Segura, subdirector del OIJ, afirmó que entre los detenidos hay dos mujeres que laboran para la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados (Coopesiba) en Barva de Heredia.
Segura explicó que el monto defraudado ronda los ¢170 millones y que Coopesiba, como institución, no tiene que ver con el asunto pues los hechos se atribuyen directamente a las trabajadoras.
Según las investigaciones, una de las funcionarias de la cooperativa sustrajo los formularios de incapacidad que tienen un número consecutivo.
Con el acceso a los documentos lograban hacer incapacidades a nombre de personas que no estaban enfermas y el consecutivo les servía para incluirlas en el sistema. La otra funcionaria involucrada era la que refrendaba esas licencias.
“Las personas recibían la plata y luego se las repartían en el grupo.Entre junio del 2010 y abril 2011 se detectaron 70 incapacidades de este tipo”, añadió Segura.