El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó ayer, en Alajuela, un vehículo registrado a nombre de la esposa de Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, sospechoso de ordenar el atentado en el que murió el cantautor argentino Facundo Cabral, en Guatemala.
El carro estaba en la vivienda de un sospechoso de lavado de dinero, de apellido Sovalbarro, que fue detenido en San José de Alajuela.
Es un Suzuki Swift, año 2008, color blanco, cuyo valor de Hacienda es de ¢7.420.000.
En Costa Rica, Jiménez, sus padres y su esposa, de apellido Pérez, son sospechosos de lavado de dinero. Actualmente se desconoce dónde se encuentran todos.
La oficina de prensa del OIJ informó de que Sovalbarro estaría ligado a una banda narcotraficante que detuvo la Policía de Control de Drogas (PCD) en el año 2008, cuando intentaba exportar a España 128 kilos de cocaína, ocultos en materia prima para la producción de chicles.
La Fiscalía y el OIJ no explicaron ayer si existe una relación directa entre el caso de Jiménez y el de Sovalbarro, o si se trata de investigaciones separadas.
Ayer no fue posible conocer el criterio del abogado de Jiménez, Francisco Campos Bautista.
“Se sospecha que él legitimaba capital proveniente del narcotráfico a una organización que operó en el país durante los años 2007 y 2008. Entre sus integrantes había colombianos y costarricenses”, dijo.
Según la investigación, Sovalbarro cambiaba el dinero en efectivo por cheques de gerencia en distintos bancos del país.
En un comunicado de prensa, el OIJ detalló que “al parecer, el sospechoso ha movilizado en los últimos tres años alrededor de ¢1.700 millones, los cuales ha tratado de introducir en el sistema financiero nacional”.
Los agentes judiciales también allanaron un lubricentro en Alajuela, propiedad del empresario detenido.
“El propósito de los allanamientos de hoy (ayer) es buscar evidencia para ver si el señor ha continuado con la legitimación de capitales”, dijo Hernández.
El fiscal comentó que las cuentas bancarias de Sovalbarro quedarán congeladas y el Ministerio Público solicitará el levantamiento del secreto bancario y el secreto tributario.