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Embargan cuenta bancaria por no pagar servicio a Supén

Ministerio de Hacienda presiona a Corte por deuda de Fondo de Pensiones

Actualizado el 10 de abril de 2013 a las 12:00 am

Sala IV descongeló fondos mientras magistrados estudian amparo

Medida puso en riesgo la planilla de unos 3.000 jubilados, según Alfredo Jones

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                         Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, califica de “arbitrario e irracional” el decreto de embargo que giró el Ministerio de Hacienda a una de las cuentas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. | JULIANA BARQUERO.
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Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, califica de “arbitrario e irracional” el decreto de embargo que giró el Ministerio de Hacienda a una de las cuentas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. | JULIANA BARQUERO.

El Ministerio de Hacienda presiona al Fondo de Pensiones del Poder Judicial para que pague una deuda pendiente a la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Por eso, el Departamento de Cobros Judiciales, de la Dirección General de Hacienda, decretó un embargo administrativo el miércoles de la semana pasada sobre una cuenta bancaria del Fondo.

Édgar Robles, superintendente de Supén, explicó que solicitaron a Hacienda cobrar ¢57,4 millones al Poder Judicial por no pagar los servicios de supervisión de enero del 2011 a noviembre del 2012. No obstante, en el embargo solamente se incluyeron ¢7,6 millones; el resto está pendiente.

De acuerdo con el artículo 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, cada sujeto fiscalizado por las superintendencias de Entidades Financieras, Pensiones y Valores, debe contribuir con el 20% de los gastos efectivos de las superintendencias sin sobrepasar un tope de 2% de los ingresos brutos anuales del supervisado.

Robles afirmó que el Fondo de Pensiones del Poder Judicial nunca ha cancelado esas contribuciones a la Supén, por lo que también están cobrando ¢378 millones (intereses incluidos) correspondiente a la deuda del 2000 al 2010.

Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, explicó que están dispuestos a pagar solamente si la Supén demuestra haber realizado una “supervisión efectiva”.

El litigio por esos dineros se ventila en un proceso contencioso-administrativo, presentado el 5 de abril anterior, luego de que el Juzgado Especializado de Cobro de Goicoechea se declarara incompetente.

Una reforma al reglamento de cobro, en enero del 2011, trasladó al Ministerio de Hacienda la potestad para recuperar esos dineros. Por esto, giraron el embargo.

En estudio. Jones explicó que se enteraron de la medida cuando realizaron una inversión fallida con esa cuenta y el banco les avisó que había fondos congelados.

Jones consideró la acción como “ilógica, irracional y arbitraria”. “Estamos discutiendo en sede judicial si tenemos o no que pagarle a la Supén, y un departamento administrativo simplemente aplica el Código de Normas y Procedimientos Tributarios sin darnos el debido proceso, diciendo que hay peligro de distracción de fondos”, afirmó.

El viernes, Jones presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando violación al principio de propiedad, pues el dinero del Fondo pertenece a los trabajadores. Además, dijo que se puso en riesgo el pago de la planilla de más de 3.000 jubilados al congelarse una cuenta en la cual se pudo haber depositado el dinero.

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También alegó que los recursos del Fondo “no pueden responder como garantía de ninguna otra cosa que no sea la protección de sus afiliados y afiliadas contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte”.

Juan Carlos Brenes, director de la División de Incentivos Fiscales, de la Dirección General de Hacienda, dijo que el embargo se decreta como una medida cautelar para resguardar los fondos mientras se empieza con el proceso de cobro judicial. Explicó que, ante el certificado de adeudo de la Supén, no había ninguna resolución que les impidiera gestionar el embargo.

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