Una denuncia penal por supuesta violación sexual tiene enfrentados al magistrado de la Sala Primera Óscar González Camacho (de 51 años) y a la jueza de lo contencioso-administrativo, Priscila Quirós Muñoz (de 38).
En octubre del 2012, ella ya había presentado una queja administrativa ante la Corte Plena por supuesto acoso sexual y violencia por parte del magistrado, quien también era presidente de la Comisión de lo Contencioso-Administrativo, órgano que coordina a los jueces de esa área.
Un mes después, la jueza acusó a González de violación y de tentativa de violación ante el Ministerio Público.
Quirós alegó que las agresiones sexuales ocurrieron entre el 2001 y el 2009, en medio de una relación sentimental con el juez.
Ayer, la oficina del prensa del Ministerio Público confirmó que se tramita esa causa.
“Se han realizado dictámenes médico-legales, entrevistas a testigos y un allanamiento a una clínica, donde se decomisó el expediente médico de la ofendida”, indicó la entidad.
“La última diligencia la realizó el fiscal general (Jorge Chavarría) el 13 de diciembre del 2012, horas después de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenara el allanamiento solicitado”, se detalló en el comunicado de prensa.
La Fiscalía también informó de que hay otras diligencias pendientes que esperan la aprobación de la Sala III.
José Manuel Arroyo, presidente de esa instancia, dijo que las solicitudes de la Fiscalía serán resueltas a la mayor brevedad.
Entre tanto, la jueza Quirós confirmó que ella presentó la denuncia.
Rechazo. El magistrado González dijo ayer que rechaza “enfáticamente” las acusaciones. Su respuesta llegó por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial.
“Expreso públicamente que lo denunciado es lo mismo que trascendió meses atrás y que se tramita en un procedimiento disciplinario. Es decir, se trata de lo mismo.
”Rechazo enfáticamente los cargos que se me atribuyen tanto en el proceso disciplinario como en el penal. Por disposición legal y reglamentaria tengo impedimento para referirme a las actuaciones realizadas (...). Únicamente pido que se respete mi derecho a un proceso justo y el principio de inocencia que cobija a todas y todos los ciudadanos costarricenses”, manifestó el juez.
Por su parte, Zarela Villanueva, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, declaró que “la presidencia garantiza a la ciudadanía que los órganos judiciales realizarán todas las acciones necesarias en el cumplimiento del principio de legalidad, y manifiesta su respeto a la independencia del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia”.
Otra causa. En octubre, cuando la Corte Plena recibió la queja de la jueza, suspendió a González de la Comisión que preside y encargó a un órgano director que llevara el proceso. Los magistrados delegados son Jesús Ramírez y Doris Arias.
Ayer, Ramírez confirmó que a raíz del proceso de investigación se remitió una información al Ministerio Público, para que indague un posible delito de tráfico de influencias por parte del magistrado.
El Ministerio Público informó de que también se tiene abierta esa causa. No obstante, no se dieron a conocer los detalles de los hechos investigados.