Chinchilla dijo a La Nación que por sorteo le correspondió tramitar el caso.
El magistrado tendrá un plazo de un mes para rendir el informe que deberá presentar ante la Corte Plena.
Este caso inició en agosto del 2011, cuando la jueza Coles --actuando como Tribunal Penal-- ordenó la libertad de los oficiales y de un particular, porque, a su criterio, un CD no tenía grabada la audiencia en la que el juez penal, Christian Calvo, les prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses.
La audiencia fue oral y, por eso, se registró en audio y video, y no en papel. En ese tipo de diligencias, el juez tiene la responsabilidad de velar porque se haga la grabación.
Debido a la pugna que se presentó sobre este tema, el Tribunal de la Inspección Judicial abrió una investigación ante la posibilidad de que existieran hechos irregulares.
La investigación era para aclarar si los involucrados en el proceso, incluyendo a los jueces Calvo y Coles, siguieron los protocolos que rigen las audiencias orales.
El informe de la Inspección Judicial ya fue entregado a la Corte Plena.