El Juzgado Penal de Heredia dejó libres a tres mujeres detenidas hace seis meses como sospechosas de planificar un fraude con 537 incapacidades falsas en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La resolución se adoptó luego de que dos mujeres de apellido Montero –empleadas de la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados (Coopesiba) en Barva de Heredia– y una particular apellidada González pagaron una fianza de ¢2 millones, cada una.
La decisión la tomó el Juzgado, el pasado 23 de marzo, pero trascendió ayer cuando el Ministerio Público apeló la liberación.
Por su parte, el fiscal adjunto de Fraudes, Osvaldo Henderson, manifestó que la fianza “es totalmente desproporcional al comparar el daño causado con el monto que se les exige como garantía de su presencia en el proceso”.
Antecedente. Este caso se descubrió el pasado 22 de setiembre, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a las implicadas y allanaron Coopesiba en Barva.
Según la denuncia del Ministerio Público, las sospechosas conseguían los talonarios de incapacidades, códigos de médicos y de enfermedades, nombres de personas, números de cédula y cuentas bancarias “para introducir virtualmente la incapacidad en el registro institucional”.
Las personas a quienes se les concedía la incapacidad no estaban enfermas, seguían trabajando, ganaban su salario en forma regular y recibían el subsidio de la CCSS, que asciende a un 60% del salario. La Caja estimó el perjuicio en ¢300 millones.
Henderson se mostró sorprendido de que, al liberar a las mujeres, el Juzgado consideró que las circunstancias del proceso no han variado. “¿Por qué, si existían los peligros procesales, otros jueces dictaron prisión preventiva y ahora, sin variar esas circunstancias, se les deja libres?”, agregó.