Jueza suspende a funcionarios del MOPT detenidos por licencias

San José (Redacción). La jueza Mónica Salas suspendió con goce de salario a los dos funcionarios del MOPT detenidos el miércoles porque, al parecer, pertenecen a una organización que cometía supuestos fraudes al otorgar licencias de conducir. Esta medida rige por tres meses.

Así lo confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, la cual informó de que Salas decidió esto durante la audiencia que se realizó ayer en el Juzgado Penal de Hacienda, en San José.

Además, la jueza les impuso a los hombres, de apellido Alpizar y López, medidas cautelares como firmar en una oficina judicial cada 15 días, no acercarse a testigos ni a las oficinas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), fijar domicilio y no salir del país. Estas disposiciones también rigen por tres meses.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a estos dos sujetos el miércoles en el departamento de Licencias de la Dirección de Educación Vial, en La Uruca, San José. Ellos, más dos gavilanes y cuatro guardas de seguridad privada, son sospechosos de conformar esa organización fraudulenta.

Los oficiales de seguridad y el gavilán, de apellido Garay, deberán firmar cada 15 días, quedarse en el país, fijar un domicilio y no acercarse al Cosevi ni a los imputados ni testigos. Las disposiciones también son por tres meses.

Los guardas de seguridad privada son identificados como Soto, Grillo, Vílchez y Casanova.

En el caso de los dos últimos, la jueza pidió además que los reubicaran en otro lugar de trabajo.

Por su parte, el otro gavilán aprehendido el miércoles tras el arresto masivo, seguirá el proceso penal, pero en libertad. Él es de apellido Espinoza.

Según la oficina de prensa de la Corte, Salas dijo que por lo avanzada que va la investigación y por las pruebas presentadas, no procedía imponerles prisión preventiva a los ocho detenidos.

Estas personas forman parte de las 103 que fueron arrestadas el miércoles por fraudes con licencias. De estas, 95 eran conductores que presuntamente pagaron hasta ¢300.000 para obtener su permiso de conducir.

Los choferes están libres desde la noche de ese mismo día.

Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público, comentó que, aunque las personas fueron puestas en libertad, deben someterse al proceso judicial.

“A ellos no se les pusieron medidas porque tienen arraigo domiciliario y laboral”, agregó.