El Tribunal de Juicio de San José condenó a Carlos H. Pascall al considerar que sabía que el dinero que invertía aquí se lo envió su hermano, Rodney Arnoldo Morrison, tras la venta de cigarrillos sin el pago de los impuestos en una reserva indígena en Long Island, Nueva York.
Para los jueces Ana Patricia Araya, Linda Casas y Ricardo Barahona, en el fallo que emitieron el 30 de agosto del 2012 resultó prueba fundamental la comunicación que mantuvo Pascall con Morrison y que consta en la documentación que se decomisó en los allanamientos a la casa y negocios del primero en Limón.
En aquel momento afirmaron: “En las cartas aportadas como prueba en donde se tratan como hermanitos, ahí Carlos Hodwen supo de la detención y decidió aceptar las transferencias (de dinero) para encubrirlas y ayudar a su hermano a evitar que las autoridades estadounidenses persiguieran el dinero”, manifestó la presidenta del Tribunal, Ana Patricia Araya.
Por su parte, el juez Ricardo Barahona explicó que fue a partir del 2 de agosto del 2004 ( fecha en que Morrison es detenido en Estados Unidos) “cuando consideramos que permite marcar el conocimiento del señor Carlos Hodwen Pascall, no solo del proceso seguido contra su hermano (...), sino que le permite (...) transferir los recursos que tenían como única fuente de la acción delictiva desplegada por Rodney Arnoldo Morrison”.
Inversión. Los miembros del Tribunal explicaron que solo se puede considerar dinero originado en la actividad ilícita el que ingresó después del 2 de agosto del 2004 y no el recibido con anterioridad.
Ana Patricia Araya dijo que, en total, se trató de una suma de $14 millones que, al invertirse en propiedades, aumentó en $42 millones, “unos ¢21.168.000 millones, que fueron movidos en un país que como el nuestro, eso significó un gran desorden económico, que impacta a la sociedad, la administración de justicia y la sana competencia de los bancos”.
Mientras tanto, la jueza Linda Casas manifestó que Pascall actuó de manera rápida y eficiente, y con ello afectó la Administración de la Justicia y el orden económico, por lo que la pena de 12 años de cárcel es acorde con la actividad desplegada.
Los defensores de Pascall, Carlos Ibarra y Juan José Picado, impugnaron este fallo ante el Tribunal de Apelación de Sentencia el 27 de setiembre del año pasado. Cinco meses después se resolvió esa impugnación.