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16-11-11 Corte Suprema de Justicia, San Jos. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) exige al Poder Judicial que la Dirección Ejecutiva no se encarge de administrar más el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la entidad.
El grupo demanda que se organice una comisión con conocimiento especializado para que maneje ese capital.
La Acojud propone que sea una “integración tripartita: técnicos especializados, una representación del 40% los trabajadores y una representación de magistrados”, según explicaron en un comunicado de prensa.
El reclamo de los jueces llega en medio de varios cuestionamientos sobre la difícil situación que enfrenta el régimen.
Precisamente, el pasado 8 de agosto, este medio publicó los resultados de un estudio actuarial que la misma Corte Suprema de Justicia –administradora del Fondo– contrató a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.
El informe evidenció que algunos privilegios como otorgar pensiones que equivalen al 100% del salario, tenían en riesgo al Fondo.
La estimación de los expertos es que el dinero se agotaría en el 2026.
“En este momento, las personas que lo manejan tienen un trabajo residual, no están a tiempo completo administrando un fondo tan grande (...). No están todos los días en el mercado de valores”, señaló.
Orocú argumentó que los recursos del Fondo apenas tienen un rendimiento del 1%.
No obstante, el director ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones, negó que esa sea la ganancia.
“La Auditoría recién está terminando un informe de las inversiones hechas en los últimos tres años, y puedo decir con toda tranquilidad que se han tenido los mejores rendimientos (...). Estamos invirtiendo al 10 y 11%”, dijo.
Jones insistió en que el problema por el que atraviesa el Fondo va más allá de las ganancias que se obtienen por inversiones.
“La estructura de beneficios tiene que estar acorde con los aportes, y el estudio lo que dice es que en este momento los aportes no están alcanzado”, manifestó Jones.
El Fondo de Pensiones del Poder Judicial tiene alrededor de ¢312.000 millones y en él cotizan cerca de 12.000 funcionarios.
