Allanamiento en Los Yoses y Guadalupe/Fotos:David Delgado (31_10_11.)
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron ayer en Goicoechea, San José, al gerente de la empresa de seguridad mexicana GSI, de apellido Muñoz, como sospechoso de participar en la inscripción de 35 armas de fuego mediante el uso de documentos falsos.
La Policía también arrestó a otro funcionario de la compañía, apellidado Lobo, a quien se le investiga por la misma causa.
Los oficiales allanaron las instalaciones de GSI en Guadalupe, Goicoechea, y en Los Yoses, Montes de Oca, San José.
El OIJ sospecha que los investigados no contaban con los requisitos necesarios para la compra de las 35 armas y por eso utilizaron papeles adulterados.
“Se presume que falsificaron papelería de otra empresa, que brinda el mismo tipo de servicios, y que sí tenía todos los requisitos en regla para realizar la compra de las armas y registrarlas ante el Ministerio de Seguridad Pública.
”Luego, al parecer, de la misma manera, con papelería falsificada realizaron el traspaso de las armas a la empresa que representan”, informó la oficina de prensa de la Policía Judicial.
La Policía allanó además la oficina del psicólogo Denis Guillén Elizondo, sita en La Sabana, en busca de evidencia documental.
Javier Herrera, jefe del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad, dijo ayer que el trámite de inscripción de las 35 armas lo hizo una armería, como es usual en estos casos.
“Las armerías inscriben las armas antes de entregarlas a los clientes, por eso aquí no se presenta el dueño del arma”, indicó.
Herrera explicó que en todo momento del proceso pensaron que JyK era la empresa que hacía el trámite y que el asunto no despertó sospechas porque los documentos cumplían los requisitos.
Vega es el propietario de la empresa de seguridad JyK Jaque Servicios S.A.
El abogado declaró que las 35 armas de fuego, que supuestamente utilizaba GSI, aparecieron inscritas a nombre de su compañía sin que las hubiera adquirido.
En la ratificación y ampliación de su denuncia, Vega explicó que se percataron de lo que ocurría con las armas por comentarios de personas que llegaban a su empresa y una llamada anónima.
“Solicitamos al Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública un listado de armas inscritas a nombre de nuestra compañía y es cuando nos percatamos de que, efectivamente, aparecen 35 armas de fuego de diferentes tipos, marca, serie y modelos que no son propiedad nuestra y que nunca había sido tramitada su inscripción ante dicho departamento”, dice la denuncia, de la cual
Vega añadió que por medio de contratos de compra-venta, que tenían su firma falsificada, se hizo el traspaso de las armas a GSI, empresa que siempre tuvo el control de ese armamento.
“Yo no firmé nada. Todas esas firmas son falsas”, sostuvo.
El denunciante sospecha que los datos y documentos de su compañía llegaron a manos de terceros mediante la intervención de un “tramitador independiente” que en el pasado les hizo tres gestiones ante el Departamento de Armas y Explosivos.