Jefa de Defensa Pública acusa al OIJ de arrestos arbitrarios

La jefa de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, acusó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de realizar arrestos arbitrarios y que violan los derechos humanos.

Precisó que hay una buena cantidad de hechos en los que los policías esposan a personas que no son peligrosas.

“Los detienen por investigación. Los sacan de los trabajos esposados, los llevan al juzgado y al final no los dejan en prisión preventiva. ¿Por qué los sacaron esposados? Los exhibieron ante la familia y la comunidad? Ya los condenaron” , dijo Muñoz.

Reacción. Jorge Rojas, director del OIJ, señaló que se equivoca Muñoz en su enfoque, pues la Policía no puede hacer distinciones con las personas a quienes se le ordena detener.

“Todos merecen un trato respetuoso, pero debemos cumplir con nuestros protocolos”, dijo.

Agregó que hay personas que son tranquilas, pero, cuando saben que enfrentan un proceso penal, pueden cambiar abruptamente y volverse agresivas.

“Es nuestra responsabilidad que no escape, que no agreda a un juez, un fiscal, un defensor, un testigo. Si algo ocurre, serán nuestros policías a quienes acusen por negligencia en la función. No menos importante es que los agentes deben proteger su propia integridad física”, afirmó.

Casos. Muñoz, durante una entrevista con La Nación, en la que abordó otros temas relacionados con sus funciones, comentó que tiene muchos ejemplos de esas detenciones arbitrarias e indiscriminadas. Citó la captura del tesorero (Ronaldo Alfaro García) y del contador (Róger Segura Jiménez) del Movimiento Libertario, quienes al día siguiente del arresto quedaron en libertad.

Asimismo, mencionó la detención de la defensora pública de Siquirres, Lorry Chiny Orozco, esposada luego de que terminó su trabajo durante un juicio, y 20 minutos después fue liberada.

“Yo me he opuesto a ese uso indiscriminado de las esposas. La Policía debe tener discreción sobre a quién le pone las esposas. La Sala IV les dijo que no deben usarlas de manera indiscriminada, solo cuando la persona que va a ser detenida implique un peligro”, dijo.

Muñoz mencionó que hay una norma del Código Procesal Penal (CPP) que obliga al Ministerio Público a citar a una persona cuando hay motivos para investigarla.

“Pero no toda la gente llega así detenida. A otros los citan como corresponde. Es algo muy interesante: ¿por qué a unos sí y a otros no, si todos tenemos los mismos derechos?”, cuestionó Muñoz.

Rojas explicó que es al Ministerio Público al que corresponde valorar si procede la captura de una persona. Aseguró que, si la Fiscalía estima pertinente la detención, el OIJ debe aplicarla.

Por su parte, Guillermo Hernández, fiscal general interino, consideró que en ninguno de los casos citados por la jefa de Defensa Pública se han vulnerado los derechos de las personas.

“Cada caso es diferente. Depende de la delincuencia. En el caso del Movimiento Libertario era necesario allanar las instalaciones y las viviendas de las personas investigadas. Por eso no se les citó” , afirmó.

Hernández dijo que poner esposas es parte del protocolo de la actuación policial.