Paralelamente al juicio penal, la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los imputados libran una pugna por las acciones civiles.
El Estado, representado por la Procuraduría, pidió $52 millones, y el ICE, $95 millones.
Para el procurador Miguel Cortés Chaves, la pretensión está fundamentada por “el daño social” que causaron los delitos denunciados tanto para la economía nacional como para la democracia, debido al incremento del abstencionismo.
Explicó que se hicieron embargos a carros, propiedades y algunas cuentas bancarias, pero admitió que no “alcanzan para cubrir la suma pretendida”.
Érick Ramos Fallas, quien representa a Édgar Valverde, calificó de desproporcionada la petición de la Procuraduría.
En tanto, Cristhian Arguedas Arguedas, en representación de Miguel Ángel Rodríguez, la consideró “absurda, y sin sustento legal y probatorio alguno”.
Mencionó que es falso que este caso afectara la economía, pues, según dijo, cifras del Banco Central de Costa Rica detallan que, del 2002 al 2010, la economía está creciendo.
Sobre el abstencionismo, señaló que se le quiere cobrar a Rodríguez que desde 1986 crece el abstencionismo.