Sucesos

95 conductores y dos funcionarios del MOPT investigados

Histórico operativo por fraudes con licencias deja 103 detenidos

Actualizado el 08 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

Sospechosos habrían pagado hasta ¢300.000 por obtenerlas

Fiscalía indagaba anoche a detenidos; les atribuye delito de concusión

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Histórico operativo por fraudes con licencias deja 103 detenidos

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En un histórico operativo ejecutado en varias partes del país, la Policía Judicial detuvo ayer a 103 personas por un supuesto fraude en la obtención o el otorgamiento de licencias de conducir.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre los arrestados hay 95 conductores que, al parecer, pagaron hasta ¢300.000 para obtener su permiso para manejar vehículos.

También fueron detenidos dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), de apellidos Alpízar y López, digitadores en el Departamento de Licencias, dos gavilanes y cuatro agentes de seguridad privada.

Las acciones policiales comenzaron desde las 6 a. m. en sitios como el Departamento de Licencias, ubicado en La Uruca, San José, y una oficina cercana, dedicada a emitir dictámenes médicos.

Además, hubo arrestos en viviendas y oficinas particulares en Cartago, así como en Los Chiles y San Carlos, Alajuela.

En la ciudad de Cartago, las autoridades detuvieron a un funcionario judicial, quien, al parecer, pagó los ¢300.000 por la licencia.

Modo de operar. Según Allan Fonseca, subdirector del OIJ, la organización simulaba que los interesados convalidaban licencias otorgadas en el exterior.

“Ellos simulaban que los choferes tenían licencias en otros países. La función de los digitadores detenidos era ‘corroborar’ que ese permiso extranjero era legal.

”Ahí es donde está lo fraudulento. Muchos de esos conductores ni siquiera habían salido del país. Nosotros revisamos los expedientes de quienes pidieron una convalidación desde junio hasta, más o menos, octubre de este año. Ahí nos encontramos los fraudes”, explicó.

Asimismo, el subdirector apuntó que los gavilanes eran el primer contacto que tenían los conductores con la organización.

“Los gavilanes, con los requisitos reales para la convalidación (documento de identificación y dictamen médico), hacían todo”, dijo.

Fonseca confirmó que los conductores pagaron hasta ¢300.000 por el permiso de conducir.

Algunos liberados. Tras los operativos, los detenidos fueron llevados hasta la sala número tres de los Tribunales de Justicia, en San José. Sin embargo, en horas de la tarde, la Fiscalía dejó libres a algunos de los imputados.

Al cierre de edición, Tatiana Vargas, vocera de la Fiscalía, señaló que se desconocía cuántos sospechosos fueron puestos en libertad.

“Eso se sabrá mañana (hoy). Pero, aunque estén libres, deben someterse al proceso judicial”, dijo.

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Ante esto, Marta Iris Muñoz, jefa de defensores públicos, señaló que el arresto masivo fue “arbitrario y violatorio de los derechos humanos”.

“Los detenidos estuvieron durante todo el día incomunicados, aglomerados y no dejaban que los defensores públicos conversáramos con ellos”, aseveró.

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Katherine Chaves R.

katherine.chaves@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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