Desde hace casi tres años, la funcionaria de la Inspección Judicial Ethel Pérez Vargas, de 44 años de edad, no trabaja, pues se encuentra incapacitada. Sus padecimientos van desde secuelas de cirugías en la columna y fibromialgia, hasta depresión, según mostró en sus expedientes médicos.
Reiteradamente, esta funcionaria gestiona las licencias por enfermedad pues asegura que sus males no le permiten desarrollar su trabajo.
Ella labora en el Poder Judicial desde 1996, y afirma que sus depresiones se originaron en el acoso laboral que ha vivido tanto dentro del Ministerio Público como en otras oficinas en las que ha trabajado.
Por eso, Pérez solicitó al Consejo Superior la jubilación para mejor servicio; es decir, la incapacidad permanente.
No obstante, según alegó, el problema es que su caso ha recibido dictámenes médicos “contradictorios”. Uno de ellos lo hizo el Departamento de Medicina Legal en julio del año pasado. Ese informe fue firmado por las especialistas Josette Bogantes y Sandra Solórzano, y determinó que los padecimientos la incapacitaban “absoluta y permanentemente”.
Sin embargo, un mes después, el Consejo Médico Forense, coordinado por Franz Vega, estimó lo contrario. Ese fue el dictamen que conoció el Consejo Superior, el cual le negó la jubilación.
Raúl Bonilla, jefe de Medicina Legal, comunicó que ambos informes se emitieron por un acuerdo del Consejo Superior tomado en el 2001. “Cuando un funcionario judicial es evaluado en la jefatura del Departamento en primera instancia y se determina que está incapacitado absoluta y permanentemente, entonces deben remitirse las diligencias a una segunda instancia que es el Consejo Médico Forense, órgano que en definitiva establecerá si está o no incapacitado, tal y como ocurrió en este caso”, dijo Bonilla.
Entre tanto, Pérez asegura que “no hay voluntad” para dar solución a casos como el suyo.
Escuchar