La presidenta de la República, Laura Chinchilla, retiró ayer de sesiones extraordinarias del Congreso el plan de brazaletes electrónicos para reos, a la espera de que la Corte Plena emita un pronunciamiento el próximo lunes.
De esa manera, se frena temporalmente el debate del Proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal. La iniciativa regula el uso de la pulsera como alternativa a la detención preventiva o como sustituto de sentencias de prisión.
Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, dijo que el diputado Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión Plena Tercera, pidió al Gobierno desconvocar el proyecto de manera temporal.
Se espera que la Corte Plena analice el lunes el tema para enviar un informe a los diputados, que retomarán la discusión del proyecto el miércoles.
Los magistrados opinarán sobre un texto sustitutivo aprobado, el cual incluye las consideraciones de la Defensa Pública para ampliar el brazalete a condenados por primera vez hasta seis años de prisión, mujeres con hijos menores, embarazadas y presidiarios enfermos.
El plan inicial del Ministerio de Justicia regulaba solamente la pulsera para casos de prisión preventiva, libertad condicional y violencia doméstica.
Villanueva aseguró que esperan aprobar el miércoles, en primer debate, el texto original del proyecto, sin las modificaciones hechas por la Defensa Pública.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, aseveró que, de eliminarse su propuesta, “la aplicación de estos dispositivos no tendría ningún impacto en su aplicación, ni en la crisis penitenciaria que enfrenta el país”.
“Espero que las autoridades reconsideren esa decisión, realicen los ajustes técnicos que consideren pertinentes y mantengan abiertas las posibilidades que se planteaban en el proyecto”, dijo.
Consenso. Villanueva aseguró que están conversando con otros diputados para lograr un consenso y aprobar el texto original. Según dijo, el criterio de la Corte Plena será “independiente”.
“Si la Corte se pronuncia a favor, bueno. Ya Carlos Chinchilla (magistrado) habló personalmente conmigo (para que no pasara el texto sustitutivo), y la presidenta algo indicó sobre eso”, agregó el legislador liberacionista.
El magistrado Chinchilla, principal opositor al proyecto de la Defensa Pública, afirmó que a él solo se le preguntó en cuál proyecto creía. “Yo dije que en el original”, respondió.
Por su parte, la diputada Carmen Muñoz consideró que el aporte de la Corte Plena será “determinante”. “Hay diputados que piensan que deberíamos ir al texto original. El criterio de la Corte será muy importante. Este proyecto no es un instrumento para aplicarse indiscriminadamente, pues cada caso debe ser evaluado”, comentó.