EscucharUn grupo de 130 personas invadió, el martes, una finca de 460 hectáreas ubicada en un territorio indígena, en Cocoa de Térraba, en Buenas Aires, Puntarenas.
Mediante un comunicado de prensa enviado ayer, el ministro de Bienestar Social y Familia, Fernando Marín, les exigió a los invasores que se retiraran de inmediato de la propiedad.
Marín preside una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo que ha sostenido reuniones con sectores indígenas y no indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón para dialogar sobre los conflictos por tierras ocurridos en esas zonas.
Tanto la finca invadida en Térraba como otros cinco terrenos aledaños, que pertenecían a particulares, entrarán en posesión del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a partir del próximo 16 de abril para que sean entregados luego al patrimonio indígena de la comunidad de Térraba.
El director jurídico del Inder, Carlos García, explicó que esas fincas han estado en litigio en los Tribunales de Justicia desde hace seis años para que pasen a manos de la comunidad indígena, pero el proceso está en etapa final.
Según indicó Olga Vargas, gerente general del Inder, por esas seis fincas, que tienen una extensión total de 2.000 hectáreas, el Juzgado Contencioso-Administrativo ordenó al Estado pagar una indemnización de ¢6.400 millones a los antiguos dueños, que figuraban como poseedores de buena fe.
El dinero –que representa el 30% del presupuesto del Inder– se depositó a esas personas entre diciembre y enero, y fue girado por el Ministerio de Hacienda.
Negociación. Pese a que, en la mesa de diálogo de la comisión del Poder Ejecutivo con los indígenas de Térraba, la negociación ha marchado de forma pacífica y en buenos términos; un grupo ajeno a la mesa tomó los terrenos por la fuerza.
Fernando Marín aseguró que esas personas no integran la mesa de diálogo con el Gobierno, por lo que no se descarta desalojar a los invasores con la Fuerza Pública.
“Es un grupo que quiere lucrarse con esas tierras, y tomaron por la fuerza la finca. La advertencia que hacemos es que no vamos a permitir esta invasión. No renunciamos a que la Policía pueda realizar el desalojo”, comentó.
Las autoridades intentaron contactar ayer al líder del grupo invasor, de apellido Gutiérrez, pero la respuesta fue negativa. La Nación llamó al celular de esta persona y tampoco contestó.
El 25 de enero pasado, la comisión de alto nivel decidió incorporar en la agenda de trabajo el tema de la seguridad territorial; es decir, la delimitación de los territorios y la tenencia de las tierras.
Precisamente, un equipo interinstitucional se trasladó a Térraba para analizar las acciones que tomarán eventualmente para recuperar la finca usurpada.
