La Fiscalía de Heredia indagó ayer a los cinco funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) acusados de supuesto fraude por ¢200 millones con pólizas para vehículos , y pidió al Juzgado Penal de Heredia dictar medidas cautelares.
Las medidas solicitadas fueron impedimento de salida del país, firmar cada 15 días y suspensión en el cargo que ocupan en el INS.
Anoche, al cierre de edición, se desconocía cuál fue el resultado de la audiencia.
Los imputados son dos hombres de apellidos Abarca y Hernández, y tres mujeres, apellidadas Vargas, García y Montero. Todos ellos tienen entre 23 y 45 años de edad.
A los funcionarios se les abrieron causas penales por los delitos de peculado, fraude informático y enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público aclaró que no pidieron prisión preventiva debido a que los imputados cuentan con arraigos familiares y domiciliares; además, porque los peligros procesales de fuga u obstaculización de la pesquisa se reducen con las medidas cautelares pedidas.
De acuerdo con la investigación, que se inició hace una semana, los funcionarios trabajaban en el Departamento de Reclamos del INS, en Heredia, y aprovecharon que tenían acceso a claves, llamadas “superpoderosas”, con las que se pueden aceptar y tramitar asuntos.
Aparentemente, utilizaban expedientes de reclamos por pólizas sobre choques de vehículos que ya habían sido resueltos tiempo atrás, y los reactivaban con claves.
Según explicó el INS, ellos hacían reaperturas de la reserva de cada una de las pólizas para posteriormente efectuar el pago correspondiente y depositarlo a una cuenta mediante Sinpe.