La afirmación la hizo durante el período de conclusiones, al explicar el largo proceso que siguió la empresa telefónica Alcatel para incursionar en el mercado de la telefonía celular.
Barrientos dijo: “lo que no podemos aceptar es que ningún funcionario público acepte $500.000, $900.000 o $2 millones por un trabajo que tenia que hacer. El ICE tiene que brindar el servicio de electricidad y telefonía a la ciudadanía porque hay una demanda insatisfecha”.
Agregó: “no se justifica que un funcionario público reciba dinero por algo que tiene que hacer. El Estado le está pagando por eso. Ellos no pueden recibir dinero por eso”.
La fiscala dijo que en la investigación encontraron funcionarios públicos que hicieron su trabajo y no recibieron dinero.
Señaló que en el proceso de adjudicación de las 400.000 líneas celulares de la tecnología GSM que se hizo a Alcatel no se encontraron deficiencias administrativas y advirtió que ese proceso fue vigilado por la Contraloría General de la República.