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Producto estaba destinado a mejorar vías, pero obras siguen en mal estado

Fiscalía indaga a 10 municipios que recibieron asfalto de Recope

Actualizado el 11 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Faltante asciende a 1 millón de litros de emulsión, valorados en ¢257 millones

Pesquisa incluye a cinco empresas y al exalcalde del cantón de Jiménez

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                         Agentes judiciales ingresaron ayer temprano al Grupo Orosi Siglo XXI S. A., en San Francisco de Dos Ríos (San José), en busca de documentos y datos informáticos por una investigación de presunto peculado. | ALONSO TENORIO
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Agentes judiciales ingresaron ayer temprano al Grupo Orosi Siglo XXI S. A., en San Francisco de Dos Ríos (San José), en busca de documentos y datos informáticos por una investigación de presunto peculado. | ALONSO TENORIO

La Fiscalía indaga a 10 municipalidades que recibieron asfalto donado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el producto no fue utilizado en su totalidad para las obras a las que estaba destinado.

Según la pesquisa, Recope donó 1.574.390 de litros de emulsión asfáltica de alta calidad (AC-30) en el 2010 a esos gobiernos locales, pero se detectó un faltante del 70% del producto.

Todo el asfalto que supuestamente no fue utilizado en la reparación de caminos, tiene un valor de ¢257 millones, según estimaciones de Recope.

Las autoridades judiciales allanaron ayer las sedes de los ayuntamientos de Cartago, Jiménez, Barva, Santa Bárbara, San Pablo, Buenos Aires, Golfito y Liberia, y los concejos municipales de distrito de Paquera y Cóbano.

También ingresaron a las empresas Grupo Orosi Siglo XXI S. A., Concreto Asfáltico Nacional (Conansa), Constructora Raasa S. A., Transportes Otto Corrales Ltda. y a la casa de un exalcalde de Jiménez, de apellido Solano.

Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, explicó que el “megaoperativo” se realizó para buscar documentación que permita determinar por qué no se utilizó todo el material donado.

“Esto generó un grave perjuicio para los ayuntamientos y los ciudadanos que continúan con calles en mal estado”, aseveró.

La causa se tramita por el delito de peculado, sancionado con hasta 12 años de prisión. Por el momento, no hay detenidos.

Donación. El procedimiento para donar asfalto y emulsión asfáltica permite a Recope entregar hasta 120.000 litros por año a las municipalidades que cumplan con una serie de requisitos. Estos deben presentar un proyecto de mantenimiento o mejora de caminos.

Una vez que Recope lo aprueba, la municipalidad tiene 45 días hábiles para retirarlo.

La Fiscalía informó de que las 10 municipalidades contrataron a la empresa Transportes Otto Corrales para que llevara el asfalto a las demás empresas investigadas.

“Los funcionarios de las municipalidades trataron directamente con las empresas investigadas y omitieron hacer el procedimiento de licitación. En otros casos, se indagan acuerdos irregulares entre funcionarios de los gobiernos locales y las empresas investigadas, con el fin de sustraer el asfalto donado, con el agravante de que no se cumplieron los proyectos para los cuales se había hecho la donación”, dice el documento de la Fiscalía.

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La Nación intentó conocer la versión del Grupo Orosi, pero su encargada de prensa, Elena Morales, dijo que no darían declaraciones. También se envió un correo electrónico al gerente de Raasa, Sergio Araya, y no contestó. En el caso de Conansa y el exalcalde de Jiménez, no contestaron los teléfonos que tienen registrados. Tampoco respondió Gustavo Madrigal, gerente de Transportes Otto Corrales.

Por su parte, la Municipalidad de Cartago envió ayer un comunicado: “Esta municipalidad no tiene tanques o depósitos para guardar esa mezcla asfáltica, por lo que la dejamos depositada en la empresa Siglo XXI. Actualmente, están en custodia 90.000 litros”.

Colaboraron Fernando Gutiérrez y Jorge Calderón.

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