Fiscalía busca arreglos entre partes para no saturar a jueces

El Ministerio Público ordenó a todos los fiscales que, antes de llevar a juicio a un imputado, se le conceda la posibilidad de arreglar con la víctima, reconocer el delito y reparar el daño causado.

El fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, dijo que la medida se debe aplicar en casos insignificantes (delitos menores), excepto en los que exista violencia, los cometidos por un funcionario público o que sean parte de la delincuencia organizada.

“Esto es lo que se llama justicia restaurativa; es decir, permite al ofensor, mediante el reconocimiento del hecho cometido y del arrepentimiento, someterse a una conciliación y reparar el daño. Esto ha permitido en otros países la reinserción social de los muchachos infractores en edad de cambiar”, puntualizó Chavarría.

Objetivo. El Fiscal General explicó que el objetivo de esta decisión es bajar la cantidad de expedientes en trámite en la Fiscalía, así como disminuir los casos que se llevan a los tribunales, que, según comentó, mantienen saturadas las agendas de los jueces, pues ya tienen juicios programados hasta diciembre del 2011.

La nueva directriz viene a unirse a otras emitidas con anterioridad, en las que se pidió a los fiscales no abrir procesos en pequeños decomisos de drogas y no realizar acusaciones infundadas, emitidas con anterioridad.

Todas forman parte de la nueva política de persecución penal que fue anuncia ayer por Chavarría y que regirán durante los próximos cuatro años.

Entre las nuevas disposiciones que tomó , está una reorganización interna para hacer más eficientes las investigaciones y desarticular bandas locales y transnacionales del crimen organizado.

Para tal efecto dispuso la creación de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (a cargo de Wálter Espinoza), que aglutinará las fiscalías de Narcotráfico, Crimen Organizado y Sustracción de Vehículos. Dicho grupo, afirmó, será ampliado en una denominada “Mesa de Trabajo”, con la inclusión de las fiscalías de Delitos Económicos, Probidad, Penal Juvenil y de Fraudes, según sea el delito que se investigue.

Chavarría señaló que ordenó a los diez fiscales adjuntos reunirse con los jefes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los directores regionales de la Fuerza Pública para que fijen la política de persecución penal regional.

Explicó que, el 16 de diciembre, se reunirá con estas personas para explicarles en qué consiste el plan. Al respecto, indicó que, en el caso de Pérez Zeledón, el delito más frecuente es el robo en viviendas, mientras que en Alajuela es la sustracción de vehículos.

“En esos casos se deben aplicar diferentes acciones para combatir la delincuencia”, agregó.