La Fiscalía acusó al presidente del Limón F. C., Carlos Howden Pascall, por hechos que ni siquiera constituían un delito.
A esa conclusión llegó el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, que absolvió al limonense, el martes, de una pena de 12 años de prisión por legitimación de capitales.
De acuerdo con el voto N.° 2013-0337, “cualquier evento de esa acusación, referente al dinero adquirido, administrado y dispuesto, proveniente de la venta ilegal de tabaco, que se le atribuya al encartado, anterior al 10 de enero del 2002, es atípico”.
El Tribunal tuvo por demostrado que Rodney Morrison, hermano de Pascall, transfirió al país desde Estados Unidos, entre el 2002 y el 2004, unos $16 millones, y le otorgó un poder generalísimo sin límite de suma a Pascall para que administrara y dispusiera de sus bienes.
Los jueces Rosaura Chinchilla, Lilliana García y Edwin Salinas explicaron ampliamente que, antes del 10 de enero del 2002, la única legitimación de capitales que se penalizó fue la de aquellos surgidos del comercio de drogas.
Tras esa fecha, se hicieron reformas legales con las que se amplió el espectro punitivo para sancionar la legitimación de capitales provenientes de “delitos graves”; es decir, los sancionados con penas de prisión de cuatro años o más.
Sin embargo, la Fiscalía sabía que la procedencia de los capitales no era por narcotráfico, sino que se basó en la evasión de impuestos de cigarrillos, de la que Morrison fue acusado en EE. UU., para justificar que había “delito grave”.
Pese a ello, la Fiscalía tampoco demostró que ese último delito tuviese una pena mínima de cuatro años en EE. UU., ya que a Morrison todavía no se le ha fijado la pena por evasión de impuestos.
Los jueces señalaron que hubo una “lamentable omisión” de parte de la fiscala Natalia Sarkis, quien, según ellos, faltó al deber de objetividad que le asiste, si, con el resultado de la investigación, se exime al imputado.
Además, apuntaron que hubo una “premura investigativa nacional”, pues el proceso derivado aquí avanzó más rápidamente que la causa base en EE. UU., ya que no hay constancia de la pena impuesta a Morrison.
Pese a que La Nación consultó por correo electrónico la posición de Sarkis sobre esa crítica que hizo el Tribunal, la oficina de prensa de la Fiscalía respondió que no se pronunciarán al respecto hasta que un equipo de fiscales de impugnaciones analicen el voto con el fiscal general, Jorge Chavarría.
Causa base. El Ministerio Público acusó a Pascall de recibir dinero de su hermano Morrison desde EE. UU., cuyo origen, según la acusación, provenía de actividades como homicidio por encargo, agresión, secuestro, incendio, robo, extorsión, posesión ilícita de arma y evasión de impuestos.
Sin embargo, de todos esos cargos, Morrison solo fue condenado a diez años de prisión por posesión ilícita de arma en mayo del 2008. El jurado también lo condenó por evasión de impuestos de cigarrillos, pero el juez no fijó pena.
Ante una apelación de Morrison, otro juez desestimó los cargos y lo sobreseyó en abril del 2010. Luego, una apelación estatal hizo que la Corte de Apelación del Segundo Circuito de EE. UU. restableciera el pronunciamiento del jurado del 2008; está pendiente fijar la pena.