En cuestión de días, la fiscala costarricense Guiselle Rivera Chacón declarará como testigo ante el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala, que enjuicia a nueve personas sospechosas de planear el crimen de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer.
La funcionaria tica dirigió en Guatemala el equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig, órgano adscrito a las Naciones Unidas) que investigó el homicidio, ocurrido el 19 de febrero del 2007.
Esa vez, cuatro policías de la unidad élite contra el crimen organizado interceptaron, asesinaron y quemaron los restos de los diputados Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José González. Con ellos murió su chofer, Gerardo Napoleón Ramírez.
El 21 de octubre comenzó en Guatemala el juicio contra los supuestos autores intelectuales, entre ellos el exdiputado y exalcalde Manuel Castillo.
Los cuatro policías que perpetraron el crimen fueron asesinados en una cárcel ocupada en su mayoría por mareros (pandilleros), dos días después de su captura (el 23 de febrero del 2007 en el presidio El Boquerón).
El testimonio de Rivera –quien dirigió aquí las pesquisas por el homicidio del comunicador Parmenio Medina Pérez, asesinado en el 2001– ha generado gran expectativa en Guatemala.
Aparte de conocer los hechos a fondo (Rivera asegura que la hipótesis de su investigación difiere de la que han brindado las autoridades guatemaltecas como oficial), la costarricense provocó un polvorín al asegurar que a lo interno de la Cicig no hubo voluntad para sacar el caso adelante.
En el bajo mundo circulaba el rumor de que el diputado Pichinte llevaba una importante cantidad de dinero –las versiones hablan de hasta $5 millones– en el carro.
Entre la chatarra del vehículo, las autoridades encontraron un compartimento secreto.
Rivera prefirió no hablar sobre los alcances de las pesquisas.
Sin embarco, reconoció que enfrentó múltiples obstáculos. La fiscala tuvo a su cargo 11 investigadores de diversos países.
“Es un medio (Guatemala) difícil para investigar. Hubo ocultamiento y obstrucción para que la Cicig no investigara. Costaba mucho hablar con los testigos; la verdad es que fue muy difícil obtener la documentación original.
“Hubo intentos para que no se llegara a la verdad. Esa investigación evidenciaba la existencia de una estructura delictiva dentro de los aparatos estatales, y esa misma estructura fue la misma que hizo la investigación policial y la que acusó”, adujo Rivera.
La costarricense definió la pesquisa como desgastante. “Estaban muy seguros (algunos sectores) de que no íbamos a poder sacar esta investigación”. De su superior, Carlos Castresana –jefe de la Cicig–, la fiscala dijo que no tuvo voluntad para resolver el caso.
“Tuve una obstaculización interna para poder plantear los resultados de la investigación”, detalló .
En agosto, Castresana también criticó a Rivera al asegurar que no pudo resolver los casos que le fueron encomendados.
De momento se concentra en el juicio seguido en contra de Magdalena Pacheco, por el homicidio del empresario periodístico Andrés Borrasé Taylor. “Desde el punto de vista de la Cicig, llegué a tener claro cuál es la hipótesis, pero eso tiene que ser discutido en los tribunales (de Guatemala)”, concluyó.