San José (Redacción). El Fiscal General de la República, Francisco Dall'Anese Ruiz, dijo que es “un orgullo” ser nombrado en la dirección de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y anunció que decidirá si acepta o no en los próximos días.
“Tengo que conversar con la familia para tomar una decisión”, afirmó esta tarde al ser consultado por varios medios de comunicación al finalizar una actividad en la que participaba en el hotel San José Palacio.
Dall'Anese no quiso referirse a diferencias que mantiene desde hace varias semanas con el Consejo Superior del Poder Judicial, el cual ha tomado decisiones que el Fiscal General considera “ilegales”.
Entre ellas destaca revocar el traslado de dos altos funcionarios del Ministerio Público; ordenado primero por Dall'Anese, y autorizar a una fiscala de San José para que trabaje un día a la semana en su casa.
“A mí no me preguntaron nada ni me notificaron”, dijo anteayer el Fiscal de la República.
Aseguró que no le han comunicado oficialmente su designación al frente de un ente cuya misión, entre otras, es la lucha contra el crimen organizado en Guatemala.
El Cicig también debe apoyar las investigaciones de cuerpos ilegales, matanzas de civiles y “hará recomendaciones al Gobierno para la adopción de nuevas políticas públicas” en dicha nación centroamericana.
“Me enteré por la prensa. No me han llamado ni he recibido correos”, respondió al ser consultado por La Nación.
El Fiscal General no ocultó su alegría pues, según dijo, es un honor ser tomado en cuenta por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Entre otros aspectos, la ONU tomó en cuenta que Dall'Anese “es un firme oponente del narcotráfico y el crimen organizado, y ha llevado a cabo grandes investigaciones contra la corrupción”, según el portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq.
Dall'Anese, de 50 años, al frente de la Fiscalía de la República desde noviembre del 2003, sustituiría en el cargo al magistrado español Carlos Castresana, quien renunció el 7 de junio anterior por discrepancias con la actuación del Estado guatemalteco en materia de lucha contra la corrupción.