EscucharCasi nueve meses después del homicidio del estudiante Juan Pablo Salazar Calderón, ocurrido mientras recibía lecciones en el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer de Orotina, sus familiares demandaron ayer por más de ¢200 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP).
El crimen ocurrió en la mañana del 18 de julio del 2011, cuando una falla en la vigilancia del centro educativo facilitó que el agresor, un menor de 17 años, ajeno al colegio, entrara con un arma, calibre 22, para dispararle en la frente a Salazar, en el laboratorio de cómputo.
Rafael Rodríguez, abogado de la familia, interpuso la demanda formal ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en Goicoechea, por la negativa del MEP de llegar a una negociación con los familiares. El monto reclamado solo es por daño moral. Rodríguez aseguró que los familiares de la víctima (sus padres y tres hermanos) aún sufren las consecuencias de la muerte del muchacho.
En cuanto al daño material y psicológico, precisó que se deben hacer más estimaciones, basadas en las expectativas que el joven tenía en sus estudios.
Según explicó Rodríguez, la falla en la vigilancia del centro educativo fue suficiente para determinar la responsabilidad objetiva y subjetiva del Estado, debido a las conductas omisas de los responsables del colegio.
“El MEP ha generado circulares y recomendaciones para los centros educativos donde no existe seguridad ante el ingreso de personas ajenas a la institución. Hemos visto cómo ingresan estudiantes con armas de fuego, y en este caso fue una persona ajena”, dijo.
En el proceso figura también como demandado el director del Colegio, Marcos Cordero, quien supuestamente se encontraba fuera del país el día de los hechos.
“Hay una omisión de parte del Colegio en cuanto a las medidas de seguridad. Si efectivamente hubiesen existido controles claros, este hecho posiblemente se habría evitado. Aquí existe una responsabilidad por omisión, de parte del MEP y del Estado, de las regulaciones de seguridad que se tienen”, puntualizó Rodríguez.
El agresor, un joven de 17 años, se disparó en la cabeza luego de herir mortalmente a Salazar, y murió al día siguiente cuando cumplía su mayoría de edad.
En esa ocasión, el agresor había ingresado a la institución en un taxi que abordó cerca del parque Central de Orotina. Pagó ¢500 por el corto viaje.
De acuerdo con el conductor del taxi, Allan Bermúdez, la persona que estaba en la entrada del Colegio nunca revisó el vehículo ni registró su nombre,ni el del pasajero en la bitácora de ingreso.
Según afirmó el abogado de la familia, esa persona que custodiaba el ingreso de personas ni siquiera era un guarda de seguridad, sino un misceláneo de la institución.
