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Un disco compacto sin datos fue el protagonista ayer de la resolución que dejó en libertad a 12 policías de la Fuerza Pública y a un civil, vinculados al narcotráfico.
La jueza Vivian Coles, del Tribunal de Hacienda de Goicoechea, resolvió liberar a los sospechosos debido a que no existe la grabación de una audiencia en la que el juez penal de Goicoechea, Christian Calvo, les prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva.
La audiencia fue de modalidad oral y por eso no hay papeles que la documenten.
Los policías y el particular fueron detenidos el 1.° de febrero en varios allanamientos de la Policía de Control de Drogas (PCD) efectuados en San José y Heredia.
Tras su detención, el comisionado antidrogas, Mauricio Boraschi, explicó que los policías se organizaron para robar droga a criminales que la tenían. Agregó que entregaban la mercancía a otros delincuentes para que la negociaran.
El Ministerio Público logró que se les impusiera prisión preventiva que se prorrogó en mayo y el pasado 28 de julio.
Esta última ampliación fue apelada por varios defensores y, por eso, se iba a discutir ayer en los Tribunales de Goicoechea, San José.
Álvaro Montoya, fiscal coordinador de Narcotráfico, comentó que la grabación no estaba en el disco que se abrió ayer, y por eso los sujetos quedaron libres sin medidas cautelares.
“Por razones que desconocemos, la resolución no estaba grabada. Entonces, la jueza resuelve que se pone en libertad a todo el mundo porque no existe la resolución”, dijo Montoya.
Añadió que, a criterio del Ministerio Público, había formas de solventar la ausencia de la grabación, entre ellas, citar como testigo al juez que prorrogó la prisión, hecho que la jueza no aceptó.
Según Montoya, la Fiscalía evalúa enviar el caso al Tribunal de la Inspección Judicial y solicitar de nuevo la prisión preventiva.
El Tribunal manifestó que el juez Calvo no siguió el protocolo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial para garantizar que las audiencias previas a juicio y sus resoluciones queden debidamente grabadas.
Alegó además que la minuta de Calvo sobre la resolución del 28 de julio, es escueta, pues solo cita que se prorroga la prisión por cuatro meses y que hay peligro de fuga.
“Al no existir registro de resolución que ordena prórroga de prisión preventiva por cuatro meses contra los encartados, se está ante un defecto de carácter absoluto, lo que llevó al Tribunal a ordenar la libertad de los imputados”, dice el comunicado.
El Tribunal hizo ver que el Juzgado Penal de Goicoechea, el Ministerio Público y los defensores de los imputados tienen responsabilidad en el hecho de que la audiencia no haya quedado grabada, “por cuanto todos son interesados en el asunto”.
