Una pareja de extranjeros grabó la voz de funcionarios municipales de Golfito cuando les pidieron dinero a cambio de darles un derecho de uso de suelo en un terreno de la zona marítimo-terrestre.
La primera grabación es el audio de una reunión que se realizó el 25 de julio en el Hotel Sierra, y otras dos son llamadas realizadas a los teléfonos de los empresarios el 26 de julio.
El hecho consta en la orden de allanamiento, registro y secuestro emitida el viernes anterior por la jueza penal de San José, Yendry Durán Brenes.
Este elemento probatorio aportado por los afectados fue esencial para que la Fiscalía Especializada de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abriera una causa por el delito de concusión. La acción es contra el alcalde, Deylon Gerardo Arroyo Blandón; el presidente municipal, Rodolfo Delgado Jiménez, y el síndico Alexis Rojas Rojas.
Precisamente, el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de Goicoechea dictó el domingo contra los tres implicados seis meses de prisión preventiva.
El Código Penal, en el artículo 348, castiga con prisión de dos a ocho años al funcionario público que, abusando de sus funciones, indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial
Empero, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló, el 15 de enero del 2008, la concesión por errores municipales, aunque no ordenó el desalojo del terreno.
La propiedad, de 100 hectáreas, es de bosque primario y los foráneos la tienen sometida al régimen forestal de protección absoluta.
Ante el fallo, la pareja de extranjeros solicitó una nueva concesión al ayuntamiento, en una fecha que no fue posible precisar.
En las investigaciones judiciales se determinó que la primera reunión se realizó el sábado 12 de marzo en la Municipalidad, con la presencia de varios funcionarios.
Los extranjeros dijeron que en esa sesión, presuntamente, el alcalde Arroyo les manifestó que había mucha presión para desalojarlos pues varios grupos querían esa zona marítimo-terrestre.
Según los denunciantes, en la cita les dijeron que la Municipalidad podía tomar acuerdos para evitar ese desalojo, pero que ellos no aceptaron las ofertas.
Sin embargo, al salir de la reunión uno de los implicados les dijo que la Municipalidad “podía defenderlos” por $150.000.
Luego de varias llamadas telefónicas, los extranjeros fueron citados a otra reunión el 25 de julio, que se realizó en el Hotel Sierra. Al parecer, en ese encuentro los implicados Arroyo y Delgado pidieron a los ofendidos $75.000.
En la misma reunión, supuestamente, los implicados solicitaron a los empresarios extranjeros un adelanto.
El día siguiente, según consta en las grabaciones, uno de los sospechosos les dijo por teléfono que la suma era de $5.000, para lo cual suministró el número de cuenta personal en un banco estatal.
Sin embargo, el mismo 26 de julio hubo otra llamada del mismo imputado en que decía que el monto que pedían era de $10.000, porque tenían que “echarle alguito a (...) y al (...) para que todos estén de acuerdo”. Los foráneos darían el dinero el 30 de julio, día en que los imputados fueron detenidos por agentes del OIJ.