La exministra Karla González, su exviceministro Pedro Castro y otras cuatro personas enfrentan una demanda por la tragedia ocurrida en un puente de hamaca sobre el río Grande de Tárcoles, en Turrubares.
Dicha estructura se desplomó el 22 de octubre del 2009, mientras pasaba sobre ella un bus lleno de pasajeros. El saldo del percance fue de cinco personas muertas y decenas de heridos.
El incidente motivó ayer a los familiares de los fallecidos y a 26 pasajeros lesionados a interponer una querella en contra de varios exjerarcas y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La demanda, planteada ante la Fiscalía de Atenas, responsabiliza a estas personas por una serie de hechos que, según consideran los demandantes, propiciaron la caída del puente.
Aparte de González y Castro, en la demanda figuran el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Alejandro Molina; la directora de Puentes del MOPT, María Ramírez; y el exdirector de Conservación Vial del Conavi, Benjamín Sandino.
También fue incluido el chofer del bus accidentado, Víctor Salas. Los quejosos alegan que la unidad excedía el peso máximo permitido para pasar sobre la estructura (cuatro toneladas), lo cual provocó la ruptura de los cables.
“Todos esos funcionarios tenían conocimiento pleno de los problemas estructurales que presentaba el puente de hamaca. Sin embargo, solo se tomaron medidas que, lejos de solucionar el problema, fueron la consecuencia de la tragedia y hechos delictivos investigados”, indica la querella.
Agrega que el MOPT sabía, desde el 2006, que la estructura de 89 años tenía un avanzado estado de deterioro y corría peligro de colapsar. Incluso, la Municipalidad de Turrubares había hecho a la exministra González una solicitud de intervención del puente, 22 días antes de lo ocurrido
En el caso del chofer del bus, la acusación le atribuye cinco delitos de homicidio culposo y 26 de lesiones culposas. A la exministra y a los otros tres involucrados se les acusa de un delito de creación de peligro para transportes terrestres, uno de desastre por culpa y otro de incumplimiento de deberes.
Rodríguez afirmó que, a la fecha en que ocurrió el colapso del puente, no se contaba con proyectos de conservación vial en la zona, pues no existían contratos vigentes.
González renunció dos días después del accidente.
Ayer, la exministra señaló: “Es lamentable y triste que eso (el accidente) haya sucedido. No es responsabilidad del jerarca. Yo confío en que el Ministerio Público haga las investigaciones necesarias para determinar todos los hechos”.
La Fiscalía informó de que la investigación del caso fue declarada “trámite complejo”, pero que la acusación formal deberá estar lista a más tardar el 27 de octubre.
El representante legal de las víctimas estimó que solicitarán un aproximado de ¢500 millones por cada familia de los fallecidos, por daños y perjuicios.
“Es muy justo que las personas busquen compensación. Es una tragedia triste. Estamos al servicio de que se pueda hacer justicia y demostrar quién fue el responsable”, agregó Pedro Castro.
Al respecto, María Ramírez afirmó que el Conavi era el responsable del mantenimiento.