Sucesos

Adquisiciones se efectuaron durante los años 2003 y 2005

Empleado del OIJ en juicio por compra de chalecos inservibles

Actualizado el 10 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Fiscalía le atribuye recibirlos sin que cumplieran con los requisitos técnicos

Dos empresarios enfrentan causa por el delito de estafa en el mismo proceso

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Empleado del OIJ en juicio por compra de chalecos inservibles

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                         Mainor Araya (izq.) explicó al juez Luis Fernando González (centro) las especificaciones técnicas de los chalecos. A la derecha (de espaldas) está el defensor Ulises Calderón, y atrás el fiscal Miguel Navarro. | ALBERT MARÍN
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Mainor Araya (izq.) explicó al juez Luis Fernando González (centro) las especificaciones técnicas de los chalecos. A la derecha (de espaldas) está el defensor Ulises Calderón, y atrás el fiscal Miguel Navarro. | ALBERT MARÍN

Un funcionario de la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Fonseca, figura como uno de tres imputados en un juicio por la compra de 397 chalecos antibalas que resultaron inservibles.

En el debate, que se inició el lunes y está previsto para realizarse durante toda la semana en el Tribunal de Juicio de Goicoechea, también están como implicados dos empresarios de apellidos Bilak y Bron (una mujer).

La Fiscalía atribuye a Fonseca presunta responsabilidad en el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, sancionado en la ley de enriquecimiento ilícito, con pena de dos a ocho años de prisión.

A los empresarios los vinculan con el delito de estafa, cuya sanción es de 6 meses a 10 años de prisión, según el Código Penal.

Antecedente. El fiscal de Fraudes, Abraham Salgado Zeledón, explicó que este proceso tiene su origen en dos licitaciones realizadas en el 2003 y el 2005, cuando se compraron 397 chalecos antibalas.

Agregó que la causa se abrió porque los chalecos que se ofertaron no fueron los mismos que se entregaron. Explicó que en los carteles se pusieron ciertas especificaciones, pero el OIJ recibió unos que no cumplían con los requisitos. “El hecho consiste en una estafa para el Poder Judicial”, afirmó.

En este proceso, la Procuraduría de la Ética Pública está reclamando el pago de $82.000 a los implicados, informó el procurador Miguel Cortés Chaves.

Para este debate están citados 18 testigos, en su mayoría funcionarios del OIJ.

Precisamente, ayer compareció en la audiencia de la mañana Mainor Araya Salguero, quien era el jefe de Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII), del OIJ, en el periodo del 2000 al 2007.

El testigo dijo que cuando los recibieron, casi en forma inmediata los devolvieron.

“Los muchachos, recuerdo, se colocaban un chaleco de esos y les quedaba para arriba del ombligo. Eso es inconcebible, a pesar que eran ‘large’; o sea, eran de la talla más grande”, agregó.

Araya dijo que por el tipo de labor del grupo táctico siempre deben contar con los equipos de protección de mayor calidad.

El exjefe del SPII (ahora se llama SERT) precisó que esos chalecos eran vulnerables para algunos tipos de armas 9 mm.

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Carlos Arguedas C.

carguedasc@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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