La detención de un médico y una policía por supuesto tráfico internacional de órganos apuró a los diputados a encaminar un proyecto de ley que busca regular la donación y trasplante de órganos y tejidos en Costa Rica.
Tanto es así, que el mismo martes, cuando las autoridades judiciales apresaron al jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, Francisco José Mora Palma, y a la oficial del Ministerio de Seguridad Maureen Patricia Cordero Solano, el proyecto de ley 18.246 abandonó la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.
El plan fue remitido al plenario, aunque todavía no ingresó en el orden del día.
Margarita Matarrita, de la Secretaría del Directorio, explicó que el texto se recibió con un dictamen positivo de mayoría.
La funcionaria aclaró que está pendiente la firma de una legisladora, por lo que se debe dar un tiempo de diez días, al término del cual se colocará en la agenda. El plazo vence el 7 de julio.
Entre tanto, este miércoles, el Juzgado Penal de San José impuso seis meses de prisión preventiva contra los dos detenidos.
Llamada de atención. Elibeth Venegas, diputada liberacionista, quien preside la Comisión de Asuntos Sociales, reconoció que las acciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llamaron la atención de los legisladores sobre tramitar el proyecto, el cual es visto como una forma de contrarrestar el tráfico de órganos.
“Se trata de un tema que ha calado muy fuertemente en los diputados y diputadas, sobre la urgencia de que este proyecto se apruebe prontamente. Es una necesidad país. Estas situaciones duelen mucho, porque se trata de un médico, que es una persona en la que el pueblo confía”, manifestó la legisladora.
Venegas recalcó que el proyecto de ley prohíbe recibir cualquier dádiva a cambio de un órgano.
Mientras tanto, otros congresistas se toman el tema con más precaución. Uno de ellos es el independiente Luis Fishman, quien, incluso, presentó la moción que el 6 de junio devolvió el plan a la Comisión de Asuntos Sociales.
“Yo primero pedí que se derogara el donante vivo no relacionado (sin vínculo sanguíneo o afinidad), pero después se buscó una fórmula intermedia donde se garantiza que el donante vivo no relacionado actúa en una situación de altruismo puro”, detalló Fishman.
“Hay una responsabilidad de los comités de ética y de las instituciones que regulan el tema, para tener la confirmación de que existe una relación afectiva, de amistad, o de lo que sea, entre las partes”, agregó el legislador, quien apuntó que así se evitaría que medie un pago.
El diputado Fishman también se opuso a la figura de “donante de pago”, a la cual se hacía alusión en el proyecto.
Inconforme. Por su parte, la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) María Eugenia Venegas adelantó que no permitirá el avance del proyecto de ley en los términos actuales.
“El proyecto recibió mociones, se devolvió, salió de la Comisión al plenario, y qué pasa: estalla este asunto del tráfico (...). Yo veo que nos falta conocimiento de cómo se está realizando esta actividad. Veo cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud están mostrando un total desconocimiento del tráfico de órganos. De acuerdo con eso, voy a proponer mañana (hoy) una comisión especial que pueda indagar esta situación, a fin de que no hagamos legislación hasta que lo tengamos claro”, comentó Venegas. Colaboraron los periodistas Alexandra Araya, Andrea González y Carlos Láscarez.
Prohibición de recibir pagos
Artículo 10: Se prohíbe cualquier forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, psicológico o de cualquier otra naturaleza, por la donación de órganos y tejidos humanos por parte del donante, del receptor o cualquier persona.
Artículo 12: Prohíbase solicitar públicamente o hacer cualquier publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido, o sobre su disponibilidad, ofreciendo o solicitando algún tipo de gratificación, remuneración o dádiva.
Proyecto de ley