EscucharEsposado con sus manos hacia atrás, el policía Luis Arturo Herrera López (de la unidad contra el crimen organizado; Policía Nacional Civil de Guatemala) levantó su cara para ver directo a los ojos al asesor ministerial Víctor Rivera Azuaje .
Era la tarde del 21 de febrero del 2007, dos días después de la matanza de tres legisladores del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer.
Horas antes, Herrera y tres de sus compañeros habían sido detenidos por el asesinato y quema de los diputados en finca La Concha, Villa Canales (Guatemala).
Ojeroso y mientras esperaba a que las autoridades definieran su situación jurídica, el policía Herrera emplazó a Víctor Rivera, un venezolano asesor del entonces poderoso ministro de Gobernación, Carlos Vielman.
“Yo se los digo; me los voy a llevar a todos. Pedimos ayuda, ¿y esto es lo que me dio? ¿Esta es la ayuda que me está dando? Yo se lo digo; usted va a saber de mí; usted y todos los demás. Se lo prometo. Por mi madre; se lo juro”, le advirtió mientras era grabado por la cámara de un celular.
Para ese momento a Herrera y sus compañeros les quedaban menos de 48 horas de vida. El 23 de febrero, los cuatro agentes murieron, atacados por mareros en la cárcel del Boquerón, en Cuilapa de Santa Rosa, Guatemala.
Ese fue el panorama con el que la fiscala costarricense Giselle Rivera Chacón se topó cuando en abril del 2008 le encargaron dirigir el equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, órgano adscrito a Naciones Unidas) a cargo de las pesquisas.
A lo largo de los siguientes 20 meses, Rivera transitó por un camino espinoso que la llevó a una encrucijada: la indagación la condujo hasta la cúpula del Ministerio de Gobernación de Guatemala.
Pese a la gravedad de los hallazgos, el superior de la Cicig en esa época, el español Carlos Castresana, no dio crédito a los hallazgos.
Por eso estos nunca quedaron en conocimiento del Ministerio Público de Guatemala, que se decantó por la tesis de que el crimen obedeció a un “tumbonazo” por parte de una organización criminal: la banda de Jalpatagua.
En estos momentos tiene lugar en Guatemala el juicio por el crimen de los diputados. Ninguna de las personas señaladas por la Cicig está en el banquillo. Algunos de los sospechosos acudieron al debate... en calidad de testigos.
A Rivera, por su parte, le dictaron una orden de captura el 16 de noviembre, una semana antes de viajar a Guatemala para rendir una declaración.
La fiscala Rivera regresó a su cargo en el Ministerio Público de Costa Rica. El pasado viernes el juez penal de Guatemala, Carlos Aguilar, declaró en rebeldía a la exinvestigadora de la Cicig.
El pasado 15 de noviembre, un día antes de que se dictara la orden de captura contra Rivera, el periódico
Los altos jefes de Gobernación –de acuerdo con la hipótesis de la Cicig– habrían comisionado a los cuatro agentes de la unidad contra el crimen organizado la tarea de ultimar a los congresistas. Los homicidas interceptaron a los diputados en el carro policial que les asignó su superior, Víctor Hugo Soto.
En el informe de la Cicig, del 28 de julio del 2009, los investigadores advierten: “Del estudio de este expediente se observa la total manipulación del mismo, especialmente en lo referente a personas que, resultando implicadas en los hechos, no ha sido deliberadamente investigada su participación”.
El informante aseguró haber visto con vida a los diputados Ramón González, William Pichinte y Eduardo D’Abuisson, así como a su chofer, Gerardo Napoleón Ramírez. Todos tenían bolsas negras de plástico en la cabeza.
Meses después, el venezolano Rivera y los dos investigadores fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas. Cicig cree que la estructura paralela asesinó a los 11 reos para “limpieza social”.
